Aseguran que es un peligro de reducción de subsidios para los más vulnerables.
La reciente Resolución CREG 705 007 ha generado controversia al abordar el alivio tarifario para los estratos 1 y 2 en Colombia.
Desde la Ley 1117 de 2006, estos estratos han recibido subsidios que limitan el incremento de sus tarifas al IPC, con subsidios que llegan hasta el 60% para el estrato 1 y el 50% para el estrato 2. Sin embargo, la nueva resolución, presentada el 30 de septiembre de 2024, ha sido calificada por críticos como una medida que, aunque aparentemente refuerza este alivio, en realidad podría significar un retroceso.
El artículo 272 de la Ley 2294 de 2023, que prorroga los subsidios hasta junio de 2027, introduce un enfoque que prioriza la capacidad de pago de los usuarios como criterio para la asignación de subsidios.
Esto podría resultar en la eliminación de apoyos para millones de familias que dependen de estos beneficios para cubrir sus necesidades básicas.
La Liga Nacional de Usuarios ha expresado su preocupación, señalando que el uso de tecnologías digitales para la medición del consumo y los nuevos criterios de focalización podrían afectar a un gran número de beneficiarios.
Según el exdirector de Planeación Nacional, Jorge Iván González, más de 3.5 millones de familias podrían dejar de recibir subsidios, lo que aumentaría la vulnerabilidad en un país ya golpeado por la pobreza.
Ante esta situación, los usuarios y organizaciones sociales han solicitado a las autoridades que reconsideren la implementación de estas medidas, abogando por la protección de los subsidios como un mecanismo vital para combatir la pobreza y apoyar a los sectores más necesitados.
La preocupación por un posible incremento en la pobreza entre los más desfavorecidos en Colombia se convierte en un tema central en el debate sobre la política tarifaria actual.
