La Fiscalía lo señala de peculado por apropiación en favor de terceros en la adquisición de kits alimentarios para los más vulnerables en Cesar.
En medio de la crisis global desatada por la pandemia del Covid-19, la contratación pública fue puesta bajo el escrutinio de la justicia. Ahora, el exgobernador del departamento de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, enfrenta graves acusaciones relacionadas con irregularidades en contratos destinados a la entrega de kits alimentarios durante los primeros meses de la emergencia sanitaria.
La Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, ha acusado formalmente a Monsalvo por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Las investigaciones giran en torno a 23 contratos firmados en marzo de 2020, en pleno auge de la pandemia, los cuales tenían como propósito distribuir 73.500 kits de alimentos a las familias más afectadas del departamento. Estos contratos, valorados en 9.000 millones de pesos, presentaron numerosas irregularidades, según lo señalado por el ente acusador.
Uno de los puntos clave de la investigación es el hecho de que Monsalvo Gnecco, pese a haber delegado la gestión de los contratos a la Secretaría General de la Gobernación, mantuvo una participación activa en la supervisión de los mismos. Según los investigadores, esto permitió el posible direccionamiento irregular de los contratos, favoreciendo a determinados proveedores y vulnerando los principios de transparencia y selección objetiva. Se le acusa de haber omitido su deber de garantizar una contratación limpia y ajustada a los estándares legales vigentes, situación que habría derivado en un detrimento patrimonial para el departamento.
Irregularidades en la licitación y ejecución
Las anomalías encontradas en la licitación y ejecución de los contratos son preocupantes. La Fiscalía asegura que no se realizó un estudio de mercado adecuado para determinar el costo real de los kits alimentarios, lo que dio pie a la fijación de un precio unitario de 126.600 pesos por cada kit, sin considerar factores esenciales como la calidad y cantidad de los productos, ni la logística para su distribución en las áreas más afectadas. Este sobrecosto, que no corresponde al valor real de los insumos, habría ocasionado pérdidas cercanas a los 408 millones de pesos para las arcas del departamento.
A la luz de estos hechos, las autoridades judiciales resaltan que los principios básicos de la contratación pública fueron claramente vulnerados, especialmente en un contexto de emergencia como el de la pandemia, donde la necesidad de rapidez no justifica la falta de transparencia ni el uso indebido de los recursos públicos. Además, la Fiscalía subrayó que “Monsalvo Gnecco omitió su deber de supervisar y controlar el adecuado desarrollo de los contratos”, una responsabilidad que, de haberse cumplido, habría evitado muchas de las irregularidades que hoy están en el centro del proceso judicial.
El impacto en la población vulnerable
El trasfondo social de este caso no puede ser ignorado. Los kits alimentarios, destinados a familias vulnerables, se suponían eran un alivio frente a los efectos devastadores de la crisis sanitaria y económica que golpeó con fuerza a los sectores más desfavorecidos del departamento de Cesar. Sin embargo, las irregularidades en la contratación impidieron que la ayuda llegara de manera eficiente y transparente a quienes más lo necesitaban, lo que añade un componente ético a la ya compleja situación judicial de Monsalvo Gnecco.
En síntesis, este tipo de casos evidencia la fragilidad de los sistemas de contratación pública en momentos críticos como los vividos durante la pandemia. Aunque la rapidez es un factor clave en tiempos de emergencia, la falta de control y transparencia puede generar un daño irreparable tanto en lo económico como en la confianza de los ciudadanos hacia sus instituciones.
El juicio contra el exgobernador de Cesar será un importante precedente sobre la importancia de garantizar que los recursos públicos lleguen, sin intermediarios ni irregularidades, a los más vulnerables. Las autoridades deben seguir velando porque los responsables de estos actos rindan cuentas y se restituya lo perdido para el bienestar de la población afectada.
