Germán Calderón España busca que el Presidente se retracte de tildar a periodistas como «muñecas de la mafia» y apela a la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito periodístico.
El Consejo de Estado ha recibido un nuevo recurso presentado por el abogado Germán Calderón España, quien ha solicitado que se revise la decisión que previamente declaró improcedente una tutela contra el presidente Gustavo Petro. La acción judicial fue interpuesta debido a las controversiales declaraciones del mandatario en las que calificó a las mujeres periodistas como «muñecas de la mafia». Calderón, actuando como coadyuvante en la tutela, impugnó la decisión al considerar que no se tuvo en cuenta el daño causado a las afectadas y busca que se garantice su acceso a la justicia.
La discusión sobre esta tutela ha puesto de manifiesto una tensión entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la rectificación. En este sentido, Calderón explicó que su intervención en el proceso no responde a intereses personales, sino a un “interés legítimo” en defensa de las mujeres periodistas que se vieron afectadas por las palabras del Presidente. A su juicio, la decisión del Consejo de Estado de no admitir la tutela se basó en una interpretación sesgada de la libertad de expresión, que según Calderón, “viola otro derecho fundamental, el de la rectificación”.
El abogado argumentó que, aunque la libertad de expresión es un derecho clave en cualquier democracia, no debe prevalecer sobre el derecho de las personas afectadas a recibir una rectificación cuando las declaraciones públicas vulneran su dignidad o les atribuyen conductas delictivas de forma injusta. Calderón subrayó la necesidad de un enfoque de género en este tipo de casos, ya que las declaraciones de Petro no solo dañaron la imagen profesional de las periodistas, sino que también podrían interpretarse como una forma de violencia simbólica hacia ellas.
Adicionalmente, Calderón recordó que la ley de 2008, que promueve la lucha contra la violencia y la discriminación hacia las mujeres, obliga a la sociedad en su conjunto a tomar medidas cuando se presentan estos actos, y señaló que “las mujeres periodistas no son abogadas” para poder defenderse por sí mismas en estos procesos. Esta declaración refuerza su petición de que el sistema judicial asuma una responsabilidad activa en garantizar que las mujeres no se vean indefensas ante acusaciones o declaraciones difamatorias.
El proceso ahora se encuentra en manos del Consejo de Estado, que deberá decidir si revisa los argumentos presentados por Calderón. El tribunal había desestimado previamente el recurso, al considerar que no existía ya la necesidad de estudiar la tutela, argumentando que la libertad de expresión del Presidente prevalecía en este caso. No obstante, el abogado insiste en que debe darse prioridad al derecho a la rectificación, sobre todo cuando se trata de declaraciones que impactan negativamente a un grupo vulnerable como lo son las mujeres periodistas.
El conflicto también plantea preguntas sobre el equilibrio entre los derechos fundamentales y las responsabilidades de los funcionarios públicos en sus comunicaciones. La figura presidencial, por su peso en la opinión pública, debe ser consciente de las repercusiones de sus palabras, especialmente cuando afectan a profesionales de la información que desempeñan un papel crucial en la democracia.
Libertad de expresión vs. derecho a la rectificación
Este caso es un claro ejemplo de las tensiones que pueden surgir entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la rectificación, especialmente cuando se trata de declaraciones emitidas por figuras de alto perfil. Mientras que la libertad de expresión es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática, también lo es el derecho a defender la dignidad personal y profesional cuando se ve afectada por declaraciones públicas.
En este sentido, es crucial que las autoridades judiciales evalúen el contexto de género y el impacto que este tipo de pronunciamientos tienen en la lucha contra la discriminación hacia las mujeres, particularmente en profesiones históricamente dominadas por hombres, como el periodismo.
El debate también invita a una reflexión más amplia sobre el rol de los medios de comunicación y los desafíos que enfrentan las mujeres periodistas en un entorno cada vez más hostil. Es imperativo que el sistema judicial garantice que estos profesionales puedan ejercer su labor sin ser objeto de ataques o descalificaciones que perjudiquen su credibilidad y su integridad.
