Contraloría General responsabiliza a la Unión Temporal por el detrimento patrimonial en el programa Centros Digitales.
El proyecto Centros Digitales, impulsado por el gobierno de Iván Duque en 2020, tenía como objetivo ofrecer internet gratuito a comunidades rurales de 16 departamentos. Sin embargo, la Unión Temporal Centros Poblados, encargada de ejecutar el contrato, deberá indemnizar al Estado colombiano con la suma de $87.027 millones de pesos debido a su incumplimiento en la entrega de los equipos necesarios para completar el proyecto. La Contraloría General de la República ha determinado que el consorcio, junto a su representante legal y otros involucrados, son responsables de un detrimento patrimonial que supera los $70.000 millones.
«Se trató de una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, pues no se cumplió con la entrega total de los 7.277 centros digitales en zonas apartadas del país», reza el fallo del ente de control, que evidenció serias irregularidades en la ejecución del contrato 1043 de 2020. Este caso ha marcado uno de los escándalos más sonados de la administración pasada, contribuyendo a la renuncia de Karen Abudinen, entonces ministra de las TIC, en 2021.
El contrato, que ascendía a más de un billón de pesos, ya había generado controversia por el anticipo de $7.277 millones que el Estado giró a los contratistas. Este dinero fue apropiado por el consorcio antes de que se pudiera cumplir con las obligaciones contractuales. A esta situación se suma la presentación de una garantía bancaria falsa por parte de la Unión Temporal, condición indispensable para el desembolso del anticipo.
La Contraloría también señaló que, además del incumplimiento por parte del consorcio, hubo responsabilidades atribuibles a la empresa proveedora. Esta última falló en la entrega de los equipos, por lo que se dictó una sanción fiscal contra su representante legal, Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona.
Los miembros del consorcio interventor también enfrentan responsabilidades, dado que aprobaron las órdenes de pago sin verificar adecuadamente los documentos que las respaldaban, lo que incluye la falsa póliza bancaria. No solicitaron una reunión extraordinaria del comité fiduciario para discutir el inminente incumplimiento por la falta de disponibilidad de los equipos, lo que podría haber evitado el desembolso de recursos.
En cuanto a los funcionarios del Ministerio de las TIC involucrados en este proceso, la Contraloría decidió no sancionar a Adriana Meza, Sandra Orjuela, y Camilo Alberto Jiménez. Tras revisar las pruebas, se determinó que Meza no tenía conocimiento del incumplimiento que le hubiera permitido actuar de manera preventiva. Por su parte, Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual, cumplió con los procedimientos necesarios para la aprobación de las garantías bancarias, ya que la malversación provino del consorcio. Jiménez, por su parte, no intervino en la aprobación de las órdenes de pago.
Además de las responsabilidades fiscales, el caso ha derivado en consecuencias penales y disciplinarias. La Procuraduría archivó en septiembre el proceso en contra de Abudinen, al no encontrar conducta irregular en su gestión. Sin embargo, en mayo de 2023, se impusieron sanciones a tres exfuncionarios del Ministerio de las TIC que ahora son absueltos por la Contraloría.
Entre los condenados se encuentran Juan José Laverde y Luis Fernando Duque, quienes presentaron pólizas falsas para asegurarse el contrato. La trama también involucra a Emilio Tapia, considerado el cerebro del escándalo, cuyo proceso penal aún está en curso. Mientras tanto, Juan Carlos Cáceres busca un principio de oportunidad que le fue negado recientemente.
Dicho de otro modo, el caso de Centros Digitales no solo expone la vulnerabilidad de los procesos de contratación pública en Colombia, sino que también pone de relieve la necesidad urgente de reformas en la supervisión de proyectos estatales. La gestión ineficaz y la falta de controles adecuados permitieron que se perpetrara un fraude significativo, dejando a miles de colombianos sin el acceso a internet que se les prometió.
Es fundamental que el Estado aprenda de este escándalo para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera efectiva y transparente.
