Un informe de la JEP revela que la minería ilegal es la principal causa de los daños, con el Clan del Golfo como uno de los principales responsables.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha hecho sonar la alarma al revelar que desde el 1 de agosto de 2022 hasta el 30 de septiembre de este año, se han documentado 233 acciones violentas contra el medio ambiente en Colombia, todas ellas atribuibles a grupos armados ilegales. Este informe, obtenido por un medio de comunicación nacional, señala que, en promedio, cada tres días se comete al menos un ataque grave contra la naturaleza en el país, lo que refleja una preocupante tendencia hacia la degradación ambiental.
Las actividades mineras ilegales son el principal detonante de estos actos destructivos, representando un alarmante 68% de los incidentes reportados durante el período en cuestión. De acuerdo con el informe, el Clan del Golfo se destaca como el grupo armado más involucrado, siendo responsable del 21% de las agresiones documentadas. Este grupo ha estado relacionado con múltiples incidentes de tala indiscriminada y actividades en la cadena productiva de la minería ilegal, intensificando la crisis ecológica que ya enfrenta el país.
El documento de la JEP también advierte sobre las regiones más afectadas, que incluyen el Bajo Cauca antioqueño, el Nordeste de Antioquia y el Cañón del Micay. En estos territorios, convergen importantes economías criminales, como la minería ilegal de oro y el cultivo de hoja de coca, que no solo han devastado el medio ambiente, sino que también han complicado la vida de las comunidades locales. Las subregiones del Atrato y Medio San Juan han visto un grave deterioro ambiental, con la contaminación de ríos como el San Juan y el Atrato, el último de los cuales fue reconocido por la Corte Constitucional como sujeto de derechos en 2016.
La subestructura Carretera del frente Jairo de Jesús Durango ha sido identificada como la mayor responsable de la devastación ambiental en el Atrato, en Chocó. “Desde enero de 2023, esta actividad ilícita ha conducido a la deforestación de al menos 34 hectáreas, generando daños en el ecosistema que podrían tardar entre 30 y 40 años en recuperarse», subraya el informe de la JEP.
Por otro lado, aunque el Ejército de Liberación Nacional (ELN) continúa siendo el principal causante de daños significativos sobre la infraestructura petrolera, se ha observado una disminución notable de los ataques al Oleoducto Caño Limón-Coveñas durante el cese al fuego bilateral. Este periodo, que se extendió del 3 de agosto de 2023 al 3 de agosto de 2024, evitó el derrame de al menos 3.180.000 litros de crudo, lo que ha beneficiado a más de 53.650 habitantes de las zonas circundantes. Sin embargo, tras el fin de este cese al fuego, se reanudaron los ataques, resultando en un derrame de crudo que contamina ríos y quebradas, afectando gravemente a las comunidades indígenas como los pueblos u’wa y hitnü.
“Esa situación es sumamente preocupante, pues suele pasarse por alto que los daños territoriales de estos atentados afectan en gran medida a las comunidades indígenas, quienes ven alteradas sus prácticas tradicionales de recolección, así como la vulneración de sus territorios sagrados,” afirmó la JEP, enfatizando la grave crisis que enfrentan estas comunidades.
En el departamento de Putumayo, el frente Comandos de la Frontera – Ejército Bolivariano de la Segunda Marquetalia es señalado como el principal responsable de la extracción ilegal de oro, particularmente en localidades como Puerto Guzmán y Puerto Caicedo. Además, el bloque Amazonas de las disidencias, lideradas por Iván Mordisco, ha sido acusado de deforestar más de 13.000 hectáreas en el Parque Nacional Chiribiquete, exacerbando la crisis ambiental en la región.
En síntesis, existe una latente necesidad de acciones contundentes para abordar no solo los crímenes ambientales cometidos por grupos armados, sino también para garantizar la protección de los ecosistemas y de las comunidades afectadas. En un país donde la crisis ambiental se entrelaza con el conflicto armado, es crucial encontrar soluciones que no solo detengan la destrucción, sino que también promuevan la reconstrucción de un futuro sostenible para todos.
