Norman Alarcón Rodas
Hay momentos en el desarrollo económico y social de la sociedad en los que conviene hacer un examen lo más detallado posible de los aciertos y errores, evaluar los procesos que dieron lugar a los resultados actuales, negativos a la luz de la realidad objetiva. Se trata en este caso del servicio eléctrico en los siete departamentos del Caribe colombiano.
Desde los años setenta del siglo pasado y durante casi treinta años continuos emergió en esta región la Corporación Eléctrica de la Costa, Corelca, empresa industrial y comercial del Estado que participaba en todos los eslabones de la cadena eléctrica, generación, transmisión, distribución y comercialización, y que levantó una pujante infraestructura eléctrica financiada en buena parte por una sobretasa pagada por los usuarios costeños.
ero en los años noventa del siglo XX, con el bienvenidos al futuro de la malhadada apertura económica y también, no hay que negarlo, de lamentables hechos de corrupción, Corelca fue debilitada y sometida a la competencia desleal de otras plantas privadas de generación eléctrica, que llevaron a la liquidación y privatización de las electrificadoras en los siete departamentos de la Costa. A las fuerzas vivas de la región les faltó firmeza para no permitir el estropicio, dejando al sindicato de trabajadores como únicos opositores de tal enajenación.
Despuntando el nuevo siglo y milenio, aterrizó la multinacional española Unión Fenosa para hacerse al negocio de la distribución y comercialización, con el objeto de descremar el mercado de millones de usuarios y llevarse desmantelados para Europa miles de kilómetros de redes de cobre. Los españoles hicieron una gran fortuna y dejaron unas redes de aluminio de mala calidad que hoy prestan un servicio deficiente. Electricaribe fue intervenida en noviembre del 2016 por la Superservicios ad portas de un apagón general y hasta el año 2020 el Gobierno nacional tuvo que desembolsar más de seis billones de pesos durante cuatro años para regalarle esa infraestructura eléctrica a las empresas AIR-E y AFINIA-EPM, encimándoles un billón de pesos a cada una por comisiones de garantía.
AIR-E se quedó sin aire un mes antes de cumplir cuatro años en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, instando al Gobierno Nacional a una nueva intervención. El desastre de esta empresa privada salta a la vista: las tarifas más altas de Colombia en toda la historia, diarias violaciones al debido proceso contra los usuarios, unas redes con muy pocas mejoras y la subnormalidad eléctrica casi intacta.
Diversas organizaciones de usuarios, gremios de la producción, comunales, veedurías ciudadanas, autoridades exigen un replanteamiento profundo de la política pública eléctrica, de tal forma que no se repitan los errores de las últimas tres décadas, lo que sería intolerable. Muchas voces instan al gobierno a que la intervención de AIR-E por la Superservicios sea de carácter liquidatorio, porque no sería razonable que se invirtieran billones de pesos para devolverle la empresa a los que defraudaron la confianza pública. Y piden que AIR-E siga administrada y controlada por el Estado, porque es el que tiene el músculo financiero para sostener los ingentes gastos para compras de energía, pago a proveedores y operarios, etc.
En lo inmediato, se necesita eliminar el régimen especial tarifario contra los costeños, como lo indican los proyectos de resolución de la CREG en tal sentido, después de las decisiones del Tribunal Administrativo del Atlántico a favor de una Acción Popular de los personeros distritales de Barranquilla y Santa Marta. Otra medida debe ser la modificación de las compras de energía en bolsa por ser especulativa contra los usuarios. También que la hidroeléctrica de Urrá y las termoeléctricas de Gecelca, generadoras del Estado, provean de energía a los usuarios de la Costa Caribe con tarifas asequibles y pagables.
Finalmente, es necesario que se modifique la Ley 142 de 1994 sobre todo en dos aspectos claves: eliminar el artículo 17, que prohíbe la existencia de empresas industriales y comerciales del Estado, una gabela para el sector privado, y cambiar el artículo 87, que permite que las tarifas de los servicios públicos domiciliarios tengan como criterio principal la “suficiencia financiera”, es decir, la máxima ganancia para los empresarios. Que queden estipulados criterios claros para establecer unas tarifas pagables por los usuarios. El Gobierno Nacional debe establecer una auditoría forense para investigar a fondo la contabilidad, los estados financieros y la compra a menosprecio de Electricaribe por parte de AIR-E, donde hubo presunto detrimento del patrimonio público.
Todos estos asuntos se examinarán detalladamente en el Encuentro Nacional de Usuarios que se realizará en Cartagena los días 1 y 2 de noviembre próximos.
