La Procuraduría General de la Nación ha pedido formalmente que Brayan Campo, el confeso asesino de Sofía Delgado, sea juzgado no solo por los delitos ya imputados, sino también por desaparición forzada. Durante una reciente audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, el Ministerio Público destacó que los hechos que rodean el asesinato de la menor, ocurrido en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, ameritan una imputación más severa que los actuales delitos por los que se le procesa.
El juez encargado del caso acogió la petición de la Procuraduría y dejó abierta la posibilidad de que la Fiscalía incluya en el futuro este nuevo cargo contra Campo. De acuerdo con lo expuesto por el juez, la solicitud fue pertinente y podría fortalecer la acusación en contra del confeso homicida. Además, durante la audiencia se impuso una medida de aseguramiento contra Campo por delitos como feminicidio agravado, secuestro simple agravado, tentativa de secuestro y ocultamiento o destrucción de elementos materiales probatorios.
La Procuraduría argumentó que los delitos por los que actualmente se juzga a Campo no abarcan completamente la gravedad de los hechos, señalando que la desaparición forzada debería considerarse de manera prioritaria en este caso. En su intervención, el representante del Ministerio Público sostuvo que la medida de aseguramiento dictada era «necesaria, adecuada y proporcional» y que el cambio de imputaciones reflejaría mejor la realidad de lo ocurrido. En particular, se hizo énfasis en que los delitos de secuestro y ocultamiento de pruebas no captan del todo la magnitud del crimen cometido.
Campo, quien aceptó los cargos por feminicidio agravado, secuestro simple agravado, tentativa de secuestro y ocultamiento de pruebas, es señalado como responsable del asesinato de Sofía Delgado, una niña de 12 años que fue abordada por él bajo falsos pretextos. Según la investigación, la víctima salió de la casa de sus abuelos con la intención de recoger un champú para su mascota en su residencia. Sin embargo, al pasar frente al negocio de artículos para animales, que era propiedad de Campo, fue engañada con la promesa de recibir un collar gratis para su mascota. Una vez en el interior del establecimiento, ocurrió el fatal desenlace.
Las revelaciones de los investigadores indican que, minutos antes del asesinato de Sofía, Campo habría intentado secuestrar a otra menor, también de 12 años, pero esta logró escapar, lo que añade una nueva dimensión a la ya alarmante cadena de eventos.
Este caso ha conmocionado a la comunidad de Candelaria y ha desatado un debate sobre la necesidad de castigar con mayor rigor este tipo de crímenes. La Fiscalía, que hasta ahora ha centrado sus esfuerzos en consolidar las pruebas de los delitos ya imputados, deberá considerar la solicitud de la Procuraduría de añadir el cargo de desaparición forzada, lo que implicaría una recalificación significativa del caso.
Sintetizando, la solicitud de la Procuraduría busca reforzar las imputaciones en un caso que ha sacudido al país, no solo por la crudeza del crimen sino por las implicaciones jurídicas que podrían derivarse de este nuevo cargo. En Colombia, el delito de desaparición forzada conlleva penas particularmente graves, y su imputación en casos como este podría ser un paso hacia la justicia que tanto reclama la sociedad. Además, este hecho evidencia la importancia de la actuación conjunta entre la Fiscalía y la Procuraduría para garantizar que los crímenes se tipifiquen de manera adecuada y se sancionen conforme a la gravedad de los actos cometidos.
