El informe de la ONU revela que el área sembrada con coca también creció, destacando la necesidad de estrategias efectivas para enfrentar el narcotráfico.
La situación de la producción de cocaína en Colombia ha llegado a niveles alarmantes. En el 2023, el país vio un aumento del 53% en la producción de esta droga, alcanzando la cifra histórica de 2.664 toneladas anuales. Este incremento es parte de un fenómeno que preocupa tanto a las autoridades locales como a la comunidad internacional, y que plantea serios desafíos en términos de política pública, seguridad y desarrollo rural.
De acuerdo con el reciente informe presentado por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), se explica que «en 2023, la producción potencial de cocaína aumentó un 53 por ciento. Este efecto tiene una explicación. La coca sigue concentrada en las zonas donde la productividad es mayor en sus tres fases: cultivo, extracción y transformación, haciendo que una hectárea de coca produzca hoy hasta dos veces la cantidad de cocaína que producía hace 11 años», indicó Candice Welsch, representante para la región Andina de dicha oficina.
#JUDICIAL| Como lo anticipó @CaracolRadio, en Colombia, en 2023, el área sembrada con coca aumentó un 10%, pasando de 230.000 a 253.000 hectáreas, lo que indica un crecimiento menor comparado con el año anterior, donde se reportó un aumento de 13%, reveló el reporte mundial de la… pic.twitter.com/uRbmfnDURt
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 18, 2024
El cambio en la geografía de los cultivos de coca
Aunque el aumento en la producción de cocaína es significativo, el crecimiento del área sembrada con cultivos de coca fue menor en comparación con años anteriores. En 2023, se registró un aumento del 10% en el área cultivada, pasando de 230.000 a 253.000 hectáreas, en contraste con el 2022, cuando el aumento fue del 13%. Este dato sugiere que el incremento en la producción no se debe únicamente a la expansión de los cultivos, sino a la optimización de los procesos de extracción y transformación.
Welsch señaló también que el informe marca una diferenciación importante entre zonas de concentración y desconcentración de los cultivos, lo que tiene implicaciones para las políticas públicas que deben implementarse en los territorios afectados. “La diferenciación entre zonas de concentración y desconcentración invita a implementar una política pública en clave del territorio. En cuanto al fenómeno de la desconcentración, el reporte focaliza las zonas en donde, tras una síntesis de 10 años, se observa una tendencia a la reducción. Ahí, los cultivos son más pequeños, están más dispersos y predomina un modelo productivo más asociado con la economía campesina”.
Zonas críticas y el impacto territorial
Uno de los datos más impactantes del informe es que Nariño, uno de los departamentos más afectados por el cultivo de coca, concentra más cultivos que 15 departamentos juntos, entre los que se incluyen Antioquia y Valle del Cauca. Este dato refleja la concentración geográfica de los cultivos de coca y subraya la urgencia de implementar estrategias diferenciadas por regiones. Los departamentos más afectados, como Nariño, siguen enfrentando graves problemas de orden público, violencia y pobreza, factores que contribuyen a la proliferación de estos cultivos ilegales.
A pesar de que algunas zonas han mostrado una tendencia a la reducción de cultivos, como es el caso de ciertas áreas rurales donde el modelo de producción es más cercano a una economía campesina, la mayoría de las zonas cocaleras siguen siendo centros neurálgicos del narcotráfico.
El reto de las políticas públicas frente a la expansión cocalera
El aumento de la productividad por hectárea en los cultivos de coca en Colombia no solo obedece a la mayor eficiencia en los métodos de producción, sino también a las condiciones del mercado y la demanda internacional de cocaína. La concentración de los cultivos en regiones como Nariño refleja un patrón territorial que responde a la infraestructura del narcotráfico y la capacidad del Estado para intervenir en estos territorios. A pesar de los esfuerzos por reducir el área sembrada, la resiliencia de las redes de narcotráfico y la falta de oportunidades económicas alternativas en las zonas rurales complican cualquier avance significativo en la erradicación de los cultivos ilícitos.
La clave para abordar esta problemática radica en el fortalecimiento de las instituciones locales, el desarrollo rural integral y la creación de alternativas económicas sostenibles para las comunidades campesinas. Solo con una intervención coherente y sostenible en el tiempo se podrá reducir el impacto de la cocaína en el país y evitar que siga alimentando el ciclo de violencia y pobreza que afecta a miles de colombianos.
