El Consejo Nacional Electoral formula cargos a Gustavo Petro y Ricardo Roa por violación de topes de financiación en la campaña presidencial de 2022.
Este viernes 18 de octubre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció oficialmente la apertura de una investigación formal en torno a la campaña ‘Petro Presidente’, implicando a importantes figuras como Gustavo Petro y Ricardo Roa. Esta decisión se enmarca en el contexto de una presunta violación de los topes de financiación, que podría ascender a más de 5.300 millones de pesos durante la primera y segunda vuelta presidencial.
De acuerdo con las informaciones proporcionadas por el CNE, se ha iniciado el proceso de notificación a los implicados. Estos deberán presentarse personalmente en un plazo de cinco días para recibir la resolución correspondiente. En caso de que alguna de las partes no asista, se procederá a notificar mediante aviso, lo que incluirá el envío de la resolución y un documento que certifique dicha notificación. Los destinatarios incluyen, además de Gustavo Petro, a Ricardo Roa, quien fue el gerente de la campaña, así como a María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus, entre otros.
La ponencia, respaldada por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, plantea que existe evidencia de una infracción considerable, equivalente a más de 5.000 millones de pesos. Este aspecto ha llevado a la formulación de cargos en un documento extenso que aborda no solo las violaciones a las normas de financiación electoral, sino también las distintas actuaciones y pruebas recabadas durante la investigación.
Un reconocido medio de comunicación nacional reveló detalles sobre la resolución 05175, la cual formaliza la apertura de la investigación y señala a cinco responsables de la campaña del Pacto Histórico de 2022. Este documento, que se extiende por 339 páginas, incluye un análisis detallado de los 12 hechos relevantes que configuran la presunta infracción.
Uno de los hallazgos más destacados de la investigación es la supuesta triangulación de recursos a través del Partido Colombia Humana, donde se omite la correcta contabilización de una donación de 500 millones de pesos realizada por FECODE. Según el análisis, estos fondos fueron canalizados hacia la empresa INGENIAL MEDIA S.A.S., involucrada en la implementación de un esquema de control electoral posterior a las elecciones.
Adicionalmente, el documento expone irregularidades en un préstamo de 500 millones de pesos por parte del Polo Democrático Alternativo, cuyo registro se habría eliminado, junto a evidencias de pagos no justificados a los testigos electorales que suman 931 millones de pesos en la primera vuelta y 177 millones en la segunda.
Los magistrados también resaltan inconsistencias en las facturas de gastos de transporte aéreo y en la omisión de pagos relacionados con la logística electoral. El CNE menciona que las cuentas de la campaña han mostrado alteraciones y ocultamientos, sugiriendo que existen conductas orientadas a desvirtuar las evidencias recabadas.
A raíz de esta investigación, la Sala Plena ha solicitado que se indague sobre la financiación prohibida por parte de entidades como FECODE y la Unión Sindical Obrera (USO). Además, el CNE ha remitido copias a la Fiscalía para investigar a Daniel Felipe Becerra por presunto falso testimonio relacionado con el desarrollo de una plataforma para la inscripción de testigos electorales.
Las argumentaciones presentadas por las defensas de Petro y Roa han sido desestimadas por los magistrados, quienes han enfatizado la competencia del CNE para investigar en cualquier momento las cuentas de las campañas electorales, como lo establece la Ley 996 de 2005. Además, recalcan que el CNE está facultado para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos de campaña.
La resolución también establece las posibles sanciones en caso de que los implicados sean hallados responsables, las cuales van desde multas entre el 1% y el 10% de los recursos desembolsados por el Estado, hasta la devolución de dichos recursos. Los partidos implicados podrían enfrentarse a sanciones severas, incluyendo la suspensión del financiamiento estatal y multas que podrían ascender a más de 184 millones de pesos.
Desde la notificación de la resolución, se abre un plazo de 15 días hábiles para que los acusados presenten sus descargos y las pruebas que deseen aportar en su defensa, en lo que podría ser un proceso determinante para el futuro político de Gustavo Petro y su administración.
