El exministro de Minas y Energía señala fallos en la administración mientras se oficializa un racionamiento programado de gas natural.
El exministro Amylkar Acosta, ha emitido una severa crítica hacia la actual gestión del Ministerio de Minas y Energía en relación con la situación de desabastecimiento de gas natural en Colombia. A través de su cuenta de X, Acosta no escatimó en palabras para referirse a la contradicción entre el discurso oficial y las acciones recientes del Ministerio. Según el exfuncionario, tanto el Ministro de Minas como el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) han negado insistentemente la existencia de una crisis de gas, a pesar de haber activado protocolos que contradicen esa postura oficial.
«ERRADO Y ERRÁTICO: El negacionismo del Ministro de Minas y Energía lo lleva a negar que hay un riesgo pero autoriza pasar el ‘Estado del Sistema energético de Vigilancia a riesgo’ y activó el ‘Estatuto para situaciones de riesgo de desabastecimiento’, afirmó Acosta en su crítica. Asimismo, resaltó la reciente expedición de una resolución que ordena un «racionamiento programado de gas», lo cual, en su opinión, deja en evidencia la incongruencia entre los hechos y las declaraciones públicas del Gobierno.
Tanto el Ministro de Minas y Energia como el Presidente de la ANH, han negado la escasez de gas en el país. Para ello lo que se está dando es un acaparamiento. Sin embargo acaba de expedirse una Resolución declarando “un racionamiento programado de gas”
— Amylkar Acosta (@amylkaracosta) October 19, 2024
La resolución en cuestión, que aún está en fase de borrador, establece un cronograma de racionamiento de gas que comenzará el 31 de octubre de 2024 y se extenderá durante varios días. En el documento, se menciona que el objetivo del racionamiento es garantizar el suministro eléctrico en el área Caribe 2, una región que depende en gran medida de la generación térmica alimentada por gas natural.
El fundamento legal de esta medida se basa en varias normativas, incluyendo la Ley 142 de 1994, que establece la distribución del gas como un servicio público esencial, y la Ley 401 de 1997, que permite al Gobierno intervenir cuando se presentan emergencias que amenazan el abastecimiento de la demanda. En este contexto, el Ministerio ha definido un orden de prioridad para la distribución de gas, donde los usuarios esenciales, como las plantas de compresión del Sistema Nacional de Transporte (SNT) y los usuarios residenciales, tendrán prioridad sobre otros sectores menos críticos.
Sin embargo, Acosta insiste en que la negación de la crisis por parte del Ministerio es preocupante, sobre todo cuando se contrasta con la adopción de medidas que claramente reconocen un problema estructural en el suministro de gas. Según él, el actual gobierno ha optado por no admitir públicamente la gravedad de la situación, mientras en paralelo adopta decisiones que reflejan todo lo contrario.
El borrador de la resolución también menciona que los productores y transportadores de gas deberán respetar los contratos vigentes para la distribución de este recurso, pero en caso de escasez, se dará prioridad a los usuarios que representen el mayor costo de racionamiento. Este aspecto técnico busca asegurar que, en caso de empate, aquellos sectores más afectados económicamente por el racionamiento reciban el suministro necesario.
En cuanto a las plantas térmicas que utilicen gas para generar energía, estas también estarán sujetas a las restricciones impuestas por el racionamiento. No obstante, el Ministerio ha establecido ciertas condiciones para minimizar el impacto en la producción de energía firme, como la posibilidad de negociar gas natural entre las plantas y otros sectores priorizados.
En resumen, la crítica de Acosta no solo es un llamado de atención sobre la contradicción en el manejo de la información oficial, sino que también destaca la gravedad de la situación energética en Colombia. Mientras el Ministerio intenta minimizar el impacto mediático de la crisis, las decisiones técnicas y legales que ha tomado revelan una falta de preparación adecuada frente a la escasez de gas. En un país donde el gas natural juega un papel crucial en la generación de energía, cualquier fallo en su distribución afecta de manera directa a los sectores más vulnerables y estratégicos, como el residencial y el industrial.
Este escenario plantea importantes interrogantes sobre la gestión energética a largo plazo. ¿Por qué se niega una realidad que ya es evidente en las acciones del propio gobierno? ¿Es suficiente el racionamiento programado para garantizar la estabilidad energética del país? El tiempo dirá si las medidas adoptadas son suficientes para mitigar los efectos de esta crisis, pero lo cierto es que la administración actual deberá enfrentar un creciente escrutinio público, especialmente si las medidas de racionamiento fallan en su cometido.
Aquí el borrador de la resolución de MinMinas:
