Tras el trágico asesinato de Sofía Delgado, la Defensora del Pueblo exige un esfuerzo coordinado entre las autoridades y la sociedad para garantizar entornos seguros para los menores.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, expresó su profundo dolor y consternación ante el desgarrador asesinato de Sofía Delgado, una niña de 12 años que había desaparecido el 29 de septiembre en el corregimiento de Villagorgona, ubicado en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca. El cuerpo sin vida de la menor fue hallado en un cañaduzal, un suceso que evidencia la creciente vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes en el país, quienes, según la defensora, enfrentan condiciones alarmantes de riesgo y violencia.
Este crimen no solo conmocionó a la comunidad local, sino que también encendió las alarmas a nivel nacional sobre la protección de la niñez en Colombia. La Defensora Marín hizo un llamado urgente a las autoridades y a la sociedad en general para redoblar los esfuerzos en la prevención de la violencia contra los menores, señalando que se trata de una responsabilidad compartida que debe ser prioritaria en las políticas públicas del país.
“La vida y el bienestar de las niñas y los niños son responsabilidad de todos”, destacó la Defensora, subrayando la imperiosa necesidad de crear entornos seguros que garanticen el pleno desarrollo de los menores de edad, libres del temor de convertirse en víctimas de la violencia. Además, reiteró que no se puede permitir que casos tan devastadores como el de Sofía Delgado se repitan.
El caso de Sofía Delgado es solo uno de los muchos ejemplos que reflejan la difícil situación que atraviesan los menores en Colombia, especialmente en zonas rurales donde las condiciones de seguridad suelen ser más frágiles. Sofía desapareció el 29 de septiembre y, tras días de búsqueda por parte de su familia y las autoridades, su cuerpo fue encontrado en un cañaduzal en condiciones que aún están siendo investigadas por las autoridades.
Este tipo de crímenes pone en evidencia la necesidad urgente de fortalecer las estrategias de protección para la niñez, particularmente en áreas donde la presencia del Estado es débil y las redes de apoyo social no son suficientes para garantizar la seguridad de los más vulnerables. Marín Ortiz enfatizó que “es imperativo que la protección de niñas, niños y adolescentes sea el foco principal de los esfuerzos de seguridad en todas las regiones del país”.
La Defensora del Pueblo no solo instó a las autoridades, sino también a la sociedad civil, a unirse en la lucha contra la violencia infantil. “No podemos seguir permitiendo que nuestros niños y niñas crezcan en un ambiente donde la violencia es parte de su cotidianidad”, afirmó Marín, haciendo eco de las voces que exigen una transformación profunda en la manera en que se abordan los temas de seguridad y bienestar infantil.
En su llamado, la Defensora planteó la necesidad de implementar medidas inmediatas y efectivas que involucren no solo a las entidades estatales, sino también a las familias, comunidades y organizaciones de derechos humanos. Entre las acciones urgentes mencionó el fortalecimiento de programas de prevención y educación, así como la creación de sistemas de alerta temprana para prevenir desapariciones y abusos.
La violencia contra los menores es una de las problemáticas más críticas en Colombia, y casos como el de Sofía Delgado exigen respuestas rápidas y contundentes. Es fundamental que el Gobierno Nacional, en coordinación con las autoridades locales, adopte medidas estructurales para mejorar los sistemas de protección. Esto implica no solo reforzar la vigilancia y seguridad, sino también crear espacios donde los menores puedan crecer en un ambiente de respeto y protección.
Asimismo, es esencial que la sociedad en su conjunto asuma un rol más activo en la protección de la niñez. La indiferencia o el silencio frente a estos crímenes solo contribuyen a perpetuar el ciclo de violencia. Los programas de concienciación comunitaria y las iniciativas de educación en valores deben ser parte integral de las soluciones que se implementen.
Por otro lado, es necesario que las entidades gubernamentales y las organizaciones internacionales redoblen sus esfuerzos en la protección de los derechos de los niños y niñas en zonas rurales y urbanas por igual. La falta de acceso a servicios básicos y el escaso apoyo en términos de seguridad y justicia han generado una situación en la que los menores se encuentran especialmente vulnerables a la violencia.
