Santa Marta se encuentra envuelta en una nueva polémica tras las acusaciones del concejal Wiston Vargas, quien ha señalado al alcalde Carlos Pinedo Cuello por un presunto caso de favoritismo.
Según Vargas, el alcalde está impulsando la compra de un terreno en el barrio Territorial, destinado a un refugio para habitantes de calle, que beneficiaría a un familiar de una concejal del distrito.
Este conflicto se suma a una controversia anterior relacionada con un contrato de más de 7,000 millones de pesos, que también había levantado sospechas por su posible vínculo con un familiar del concejal Pedro Gómez.
Durante una sesión reciente, Vargas expresó su preocupación por la oposición de los residentes de la zona, quienes temen que la ubicación del refugio ponga en riesgo la seguridad de sus hijos y de los estudiantes de varios colegios cercanos.
Los vecinos han manifestado su rechazo a la idea de establecer un refugio en un área con alta concentración de menores. “¿Qué tranquilidad tendremos con nuestros niños? Aquí hay cuatro colegios cerca, lo que pone en peligro a nuestros hijos”, comentó una vecina que prefirió permanecer en el anonimato.
Además, se ha señalado que la administración municipal podría estar violando la Ley 1641 de 2013 y el artículo 33 del Código de Convivencia Ciudadana, que establecen lineamientos sobre el respeto a los derechos comunitarios. Esto ha generado cuestionamientos sobre la legalidad de las decisiones tomadas por la administración.
El centro de atención integral para habitantes de calle ya ha tenido su primer altercado antes de ser inaugurado, cuando un residente reportó que un habitante de calle agredió verbalmente a un vecino al intentar pedir dinero de manera agresiva.
Concejos y ciudadanos demandan claridad en los procesos de contratación y la toma de decisiones del alcalde. La comunidad espera respuestas que aborden tanto la necesidad de ayudar a la población vulnerable como la seguridad de sus hijos.
