En un contexto de tensión institucional, la Universidad Autónoma del Caribe ha emitido un comunicado oficial reafirmando su compromiso con la Constitución Política de Colombia y su defensa del Estado democrático y social de derecho.
Como parte activa de la Sociedad del Conocimiento, la universidad subraya su adhesión a los principios constitucionales, destacando el rol de la Carta Magna de 1991 en la distribución de competencias tanto administrativas como judiciales.
El comunicado señala que el Presidente de la República, quien encarna la unidad nacional, cuenta con un fuero constitucional que solo puede ser evaluado por jueces naturales designados, tales como la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes en lo disciplinario, y la Corte Suprema de Justicia en lo penal, conforme a los artículos 174, 175 y 199 de la Constitución.
No obstante, la Universidad advierte sobre una situación preocupante: el Consejo Nacional Electoral (CNE), un ente administrativo, habría formulado cargos y adelantado indagaciones con fines sancionatorios en contra del Presidente, vulnerando su fuero constitucional. Según el comunicado, estas acciones del CNE contravienen el artículo 116 de la Constitución, que estipula quiénes son los encargados de administrar justicia en el país, excluyendo a dicho organismo de tal función.
Frente a este escenario, la Universidad Autónoma del Caribe hace un llamado a la reflexión y al respeto por los principios fundamentales del debido proceso, así como a la importancia de actuar en coherencia con los valores y reglas jurídicas nacionales e internacionales que guían la resolución de conflictos jurídicos. En su mensaje, reitera su defensa de la institucionalidad y su postura en favor de la salvaguardia de la Constitución.
Finalmente, la institución universitaria apela a su comunidad y a la sociedad en general para alinearse con los mandatos constitucionales, en aras de construir una sociedad más democrática, incluyente, solidaria e igualitaria, todo bajo los principios de paz y convivencia.
Como señala el comunicado, este es el camino para garantizar la estabilidad institucional y el respeto por las competencias constitucionales en Colombia.
