Un nuevo pulso entre el Gobierno nacional y Thomas Greg and Sons, esta vez por la licitación de un contrato por 41.000 millones de pesos que tiene que ver con procesos electorales y que se ganaría esta compañía al ser única oferente.
La Secretaria de Transparencia de Presidencia ha cuestionado a la registradores por supuestos conflictos de interés y falta de objetividad en este proceso. Sobre el tema se refirió el secretario Andrés Idarraga, quien anunció que en caso de que Thomas Greg se quede con el contrato tomaría acciones legales.
“Pues estamos esperando las respuestas aún del señor registrador. Dos, dependiendo de ellas, pues, procederemos a actuar o no, y esa actuación podrá llevar desde una denuncia penal en la Fiscalía por algún delito asociado a presunto incumplimiento de requisitos legales, un interés indebido a la celebración de contratos, o algo que conlleve una posible lesión a los intereses públicos, esto es, delitos contra la administración del Estado, establecidos en el Código Penal”, dijo.
Advirtió que Sintrareginal, el sindicato de la Registraduría, ha calificado como injerencias indebidas del Gobierno a la independencia de la entidad electoral.
Según fuentes cercanas a la Registraduría, este proceso sigue su curso a pesar de que la secretaría le pidió al registrador suspenderlo. Este jueves se cierra el proceso de este contrato para la logística de las elecciones de juntas administradoras locales en más de 40 municipios, que se realizarán el próximo 17 de noviembre.
