La polémica por la adjudicación de tierras en el municipio de Usiacurí “pica y se extiende”, los bandos están divididos hay quienes apoyan la decisión de la Agencia Nacional de Tierras -ANT- de haber favorecido al grupo de mujeres emprendedoras y otros que rechazan al considerar que no cuentan con el perfil de mujer rural para acceder a esos títulos.
Los pronunciamientos no se han hecho esperar por parte de la primera autoridad del municipio de Usiacurí, Julio Calderón Padilla, de mujeres campesinas de Usiacurí, de representantes de la Plataforma ‘Somos Tierra’, del director regional de ANT, líderes campesinos, entre otros quienes fijaron sus puntos de vistas y defienden su posición frente a la adjudicación.
Julio Mario Calderón manifestó asimismo su descontento, argumentando que las beneficiarias no tienen un rol rural ni pesquero y carecen de los registros necesarios para ser reconocidas como campesinas. «Muchos miembros de la asociación no están inscritos en el Registro del Servicio Público de Extensión Agropecuaria«, aseguró, lo que pone en duda su elegibilidad. Además, destacó que no contaban con el respaldo del Consejo Municipal de Desarrollo Rural.
El alcalde Julio Mario Calderon ratifica que la asociación beneficiada con los predios no tienen vocación campesina ni ha tenido un rol rural ni pesquero y carece de los registros y roles requeridos para ser reconocida como campesina. El mandatario expuso que, al revisar la documentación, encontraron que muchos de los miembros de la asociación no estaban inscritos en el Registro del Servicio Público de Extensión Agropecuaria, una base de datos que se utiliza para identificar quiénes son campesinos en la región. Además, resaltó que las beneficiarias no contaban con el respaldo del Consejo Municipal de Desarrollo Rural, un requisito clave para ser elegibles en este tipo de programas. «Esto ha generado un rechazo generalizado entre los campesinos y campesinas de Usiacurí».
Por parte de ‘Somos Tierra’ se pronunció Carlos Rubio quien señaló que “el día martes se recibió en Usiacurí el primer predio para las asociaciones de mujeres rurales campesinas, las cuales vinculadas al comité de Reforma Agraria del municipio. La definición del campesino no la da el alcalde sino la norma y en vez de presionar desde los diferentes sectores del departamento lo que se necesita es que nos apoyen, el predio se entregó de manera legal, se hizo por compra directa y no era de la SAE. Además, nuestras mujeres van a producir en un predio que tiene todas las capacidades porque tiene infraestructura para que desde ya desarrollen proyectos productivos”.
Sobre el particular también hizo su aporte el director ANT Regional de Tierras Javier Torres quien ha indicado que “En el Atlántico se entregaron 520 hectáreas de tierras a 95 mujeres campesinas y el caso particular de Usiacurí se hizo entrega a 30 mujeres, 58 hectáreas en buena ubicación para explotación mixta a la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Usiacurí – Asoemus- encabezada por la representante Ana Lucía Durante Carrascal, que es víctima reconocida ante la Unidad de Víctimas y es miembro del Consejo Municipal de desarrollo rural.”
Líderes y asociaciones campesinas también hicieron sus aportes indicando que de acuerdo a la Ley 731 de 2002, se define a la mujer rural como “Toda aquella que, sin distingo de ninguna naturaleza, e independientemente del lugar donde viva, su actividad productiva está relacionada directamente con lo rural, incluso si dicha actividad no es reconocida por los sistemas de información del Estado o no es remunerada». Sin embargo, este concepto abarca otras identidades. Cuando hablamos de mujeres rurales es importante tener presente el concepto de interseccionalidad; es decir que las mujeres rurales también pueden identificarse como indígenas o negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras – NARP o campesinas. La mujer campesina es: “Aquella que está vinculada a la tierra y primordialmente a la producción de alimentos, su economía se centra en el uso y reproducción de la fuerza de trabajo familiar y en el autoabastecimiento parcelario, aunque pueden tener excedentes comercializables”.
Teniendo en cuenta la ley, en la entrega se están registrando irregularidades que deben ser subsanadas teniendo en cuenta que existen tres tipos de sujetos de acceso a tierra y formalización de la propiedad. Son campesinas, trabajadoras, asociaciones con vocación agraria o cooperativas del sector solidario con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente.
El caso de Usiacurí refleja una problemática recurrente en la asignación de tierras en Colombia: la falta de claridad y transparencia en los criterios de adjudicación. Si bien la reforma agraria es una prioridad del gobierno de Gustavo Petro, los casos como el de la asociación ‘Somos Tierra’ demuestran la importancia de garantizar que quienes reciban estas tierras cumplan con los perfiles requeridos por la ley. De lo contrario, se corre el riesgo de minar la confianza en estos programas y generar conflictos innecesarios entre los beneficiarios potenciales. La participación activa de los alcaldes y autoridades locales será crucial para asegurar que los procesos de entrega sean justos y beneficien a quienes realmente dependen de la tierra para su sustento.
Carlos Rubio, representante de la Plataforma ‘Somos Tierra’, defendió la entrega, afirmando que el predio fue adquirido legalmente y tiene potencial para proyectos productivos. «La definición de campesino no la da el alcalde, sino la norma», sostuvo, enfatizando que el apoyo debe ser hacia las mujeres rurales vinculadas al comité de Reforma Agraria.
Por su parte, Javier Torres, director regional de la ANT, defendió la adjudicación de 58 hectáreas a la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Usiacurí, argumentando que cumple con los criterios establecidos por la ley. Sin embargo, líderes campesinos han señalado que la Ley 731 de 2002 define a la mujer rural de manera amplia, incluyendo a aquellas que, aunque no tienen tierras, están vinculadas a actividades agrícolas.
La falta de claridad en los criterios de adjudicación ha generado descontento entre los campesinos de Usiacurí, quienes exigen un proceso transparente. Solicitan la intervención de la Procuraduría Agraria para garantizar que la entrega de tierras sea justa y beneficie a quienes realmente dependen de la agricultura para su sustento.
Este caso resalta una problemática recurrente en la asignación de tierras en Colombia: la necesidad de criterios claros y transparentes que aseguren que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan. La participación activa de las autoridades locales es crucial para evitar conflictos y fortalecer la confianza en programas de Reforma Agraria que buscan beneficiar a la población campesina.
Los campesinos de Usiacurí que se encuentran descontento por la adjudicación realizada por la Agencia Nacional de Tierras -ANT- solicitan que se haga un proceso transparente y para ello exigen la intervención de la Procuraduría Agraria.
