Vecinos denuncian cobros desproporcionados y falta de respuesta por parte de la empresa Air-e.
En el barrio Manantial de Soledad, Atlántico, una serie de abusos en el cobro de las facturas de energía por parte de Air-e ha encendido las alarmas entre los residentes, quienes denuncian que los montos que deben pagar han escalado de manera desproporcionada. Uno de los casos más emblemáticos es el de Manuel, un habitante del sector que en los últimos meses ha enfrentado facturas de hasta 7 millones de pesos, cuando anteriormente su consumo apenas llegaba a los 50 mil pesos mensuales.
Manuel relata cómo, desde hace tres años, había mantenido un consumo regular de energía con un promedio de 50 mil pesos en sus facturas mensuales. Sin embargo, todo cambió a partir de noviembre de 2023, cuando el medidor de su vivienda presentó un daño, según explica. A partir de ese momento, la empresa Air-e comenzó a cobrarle con base en estimaciones, lo que provocó que los montos se dispararan sin ninguna justificación válida. “Nos están cobrando facturas desde 200 mil pesos en el mes de diciembre, y luego facturas de 7 millones, 6 millones, y hasta 4 millones sin ninguna validez”, denunció Manuel en una entrevista realizada por un reconocido medio de comunicación local.
La falta de respuesta ante los reclamos por parte de la empresa ha sido otro punto crítico. Según Manuel, han interpuesto múltiples PQRs (Peticiones, Quejas y Reclamos), recursos de reposición y apelación, e incluso se han dirigido a la Superintendencia de Servicios Públicos para exigir una solución. No obstante, ninguna de estas solicitudes ha recibido respuestas satisfactorias, y el problema persiste. «Se ha hecho de todo, incluso hemos metido tutelas, pero ninguna solicitud ha sido tomada en serio», afirma.
El principal argumento de la empresa para los altos cobros es que, supuestamente, el consumo energético de la vivienda es significativamente mayor al promedio, algo que Manuel desmiente rotundamente. “Esta casa solo tiene un consumo promedio de 17 vatios, y ellos dicen que basándose en estimados nos cobran hasta 7.000 vatios, 6.000 vatios, cifras que solo se ven en una industria o un edificio”, detalló.
A pesar de que la empresa realizó un estudio en la vivienda y no encontró anomalías, los cobros continúan. La casa, donde actualmente solo vive Manuel, no cuenta con electrodomésticos de alto consumo. “Solo tengo el ventilador y el cargador del celular, no hay ningún otro elemento electrónico”, añadió, enfatizando la incoherencia de las facturas.
El problema no solo ha afectado el bolsillo de los residentes, sino también su calidad de vida. Desde abril de 2024, Manuel ha estado sin servicio de energía, ya que le fue suspendido por no poder cubrir los exorbitantes montos que le exigen. Desde entonces, ha sobrevivido gracias a una conexión de emergencia que le facilita su tío desde el apartamento vecino. “Me cortaron el servicio, y aunque no hay consumo, me siguen cobrando facturas de 2 millones, 3 millones de pesos, sumando en total más de 19 millones de pesos”, narró Manuel con frustración.
Este caso refleja un problema más amplio que afecta a numerosos usuarios en el Atlántico, quienes también han reportado incrementos desproporcionados en sus facturas de energía. La falta de respuestas claras por parte de las empresas prestadoras del servicio y las autoridades correspondientes ha generado un clima de incertidumbre y malestar en la comunidad. La situación no solo pone en riesgo la economía de las familias, sino que también plantea serios interrogantes sobre la transparencia y el control en la facturación de servicios públicos.
El caso de Manuel, aunque dramático, no es aislado. La problemática de los cobros inflados en las facturas de energía ha sido motivo de quejas en distintas partes del país, lo que evidencia fallas estructurales en la regulación y vigilancia del sector. Si bien la Superintendencia de Servicios Públicos tiene la tarea de velar por los derechos de los usuarios, las demoras en las respuestas y la falta de soluciones eficaces dejan a los ciudadanos en una situación de vulnerabilidad.
La transparencia y la implementación de mecanismos justos en la medición y facturación de servicios deben ser una prioridad, pues el acceso a la energía es un derecho fundamental que no puede verse comprometido por errores o abusos en la gestión de las empresas prestadoras. Los casos como el de Manuel deberían servir de alerta para las autoridades, que deben actuar con rapidez y firmeza para garantizar el respeto a los derechos de los consumidores.
