El alto tribunal sanciona a Hernando Deluque y otros exmandatarios por fraude en licitaciones y contratos públicos.
En un fallo que reafirma la lucha contra la corrupción en Colombia, la Corte Suprema de Justicia condenó a tres exgobernadores del departamento de La Guajira por su participación en múltiples irregularidades relacionadas con contratos estatales. Entre los sancionados se encuentran Hernando Deluque, Alejandro Magno Builes Suárez y Raúl Nicolás Fragozo Daza, quienes fueron declarados culpables del delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.
La Sala de Primera Instancia determinó que estos exmandatarios firmaron contratos sin respetar los procesos de licitación pública y adjudicación a la mejor oferta, una clara violación de la normativa de contratación en Colombia. Según el alto tribunal, durante sus periodos en el poder, los tres exgobernadores implementaron prácticas deliberadas para evitar la competencia, lo que defraudó las expectativas de los ciudadanos guajiros.
La investigación judicial abarcó un total de 16 contratos, en los cuales se detectaron varias irregularidades que evidencian la mala fe y la falta de transparencia de los exfuncionarios. La Corte resaltó que todas las empresas adjudicatarias de los contratos presentaron propuestas significativamente más bajas que los precios solicitados, generando suspicacias sobre la autenticidad del proceso. Además, los formatos de las propuestas presentaban similitudes evidentes, lo que aumentó las sospechas de colusión entre los contratistas y las autoridades.
Uno de los aspectos más preocupantes fue que, en algunos casos, no se realizó ningún proceso de licitación, un procedimiento obligatorio para asegurar la transparencia y la competencia en la adjudicación de contratos públicos. Esto no solo afectó la confianza en las instituciones, sino que también generó interrogantes sobre el manejo de los recursos públicos en La Guajira.
Los contratos investigados incluían proyectos importantes, tales como la pavimentación de calles en Riohacha, el mantenimiento de vías en municipios circundantes y la canalización de aguas residuales, todas obras clave para mejorar la infraestructura del departamento. No obstante, la falta de planeación adecuada y la manipulación en los procesos contractuales pusieron en entredicho la efectividad de estas inversiones públicas.
En el fallo, la Corte destacó que los exgobernadores no solo infringieron las normativas de contratación, sino que también favorecieron a empresas específicas, lo que compromete seriamente la integridad del proceso administrativo en La Guajira. Estos hechos reavivan el debate sobre el manejo transparente de los recursos públicos en zonas vulnerables del país.
Hernando Deluque, en particular, ya había sido condenado previamente por la Corte Suprema a nueve años de prisión por otros delitos relacionados con irregularidades contractuales y peculado por apropiación. En esa ocasión, se le imputaron cargos por la falta de transparencia en contratos para el mantenimiento de vías y la construcción de un colegio en Riohacha.
Este nuevo fallo de la Corte refuerza la importancia de la supervisión estricta de los procesos de contratación pública, especialmente en regiones con altos índices de pobreza y donde la corrupción sigue afectando el desarrollo. Las condenas a Deluque, Builes y Fragozo son un recordatorio de que el uso indebido de los recursos del Estado no quedará impune.
Para La Guajira, este tipo de escándalos de corrupción ha afectado el desarrollo de obras vitales, retrasando el progreso de un departamento que enfrenta múltiples retos sociales y económicos. La transparencia en los contratos y la supervisión efectiva son cruciales para garantizar que los proyectos beneficien a la comunidad, en lugar de convertirse en fuente de enriquecimiento ilícito para algunos.
