La decisión sobre la posible sanción al excanciller por la licitación de los pasaportes sigue en suspenso, mientras se espera la reorganización interna de la Sala Disciplinaria.
El proceso contra el excanciller Álvaro Leyva por presuntas irregularidades en la licitación del contrato de expedición de pasaportes ha quedado en un limbo judicial, después de que la Procuraduría General de la Nación aplazara nuevamente la audiencia en la que se conocería el fallo final. Han pasado más de dos meses desde que se esperaba la resolución del caso, sin que se haya fijado una nueva fecha para su conclusión. La dilación en este proceso ha generado incertidumbre y críticas en los círculos políticos y legales, mientras la defensa del exfuncionario asegura que no existen motivos para una sanción.
El proceso comenzó a principios de 2024, cuando la Procuraduría abrió una investigación en contra de Leyva, señalando supuestas irregularidades en la licitación de pasaportes. La investigación atravesó todas sus etapas, incluyendo la presentación de pruebas y testimonios. Sin embargo, pese a que la audiencia final estaba programada para el 1 de agosto, dos días antes fue suspendida abruptamente. Ernesto Espinosa, el procurador delegado ponente del caso, anunció a la defensa que la diligencia se pospondría sin una fecha fija para su reanudación. En un correo enviado por la Procuraduría, se notificó que: “Siguiendo instrucciones del doctor ERNESTO JESÚS ESPINOSA JIMÉNEZ, Procurador delegado ponente de la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, dentro del radicado de la referencia, de manera atenta les informo que se pospone la realización de la audiencia fijada para el 1 de agosto de 2024, a las 9 am. Oportunamente, se les comunicará la nueva fecha de reanudación de la referida audiencia”.
Este aplazamiento fue explicado días después por la procuradora general, Margarita Cabello, quien argumentó que la demora se debía a una reestructuración interna de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento. Cabello señaló que los procuradores encargados no habían tenido tiempo suficiente para revisar y discutir el fallo correspondiente. “Estamos en una reorganización interna de los funcionarios, era para el primero de agosto, y no alcanzaron a sentarse a estudiar y discutir el fallo correspondiente, pero se reunirán la próxima semana y darán a conocer cuál es la próxima fecha”, expresó la procuradora el 30 de julio. Sin embargo, a la fecha de hoy, la audiencia aún no ha sido programada, lo que ha prolongado la incertidumbre sobre el destino del caso.
La defensa de Álvaro Leyva, liderada por el abogado Yefferson Dueñas, se ha mostrado confiada en que no existen fundamentos para sancionar al excanciller. Según Dueñas, tanto la Procuraduría como la Fiscalía han llegado a la conclusión de que la licitación del contrato de pasaportes estaba viciada desde su origen, con un pliego de condiciones elaborado para favorecer a un contratista en particular. “Durante el proceso quedó demostrado que la licitación de pasaportes tenía un ‘pliego sastre’, conclusión a la que también llegó el grupo de expertos de la Fiscalía; y en esas condiciones no puede sancionarse al exministro Álvaro Leyva por haber declarado desierta una licitación direccionada”, aseguró Dueñas en declaraciones a La FM de RCN.
Por su parte, la Procuraduría ha manejado una postura más cautelosa. Según voceros del organismo, el retraso en la emisión del fallo no se debe únicamente a la reestructuración administrativa, sino también a la complejidad del caso. Luego de la última audiencia, realizada el 11 de julio, los procuradores encargados no han logrado alcanzar un consenso sobre la decisión final. El caso de Leyva, que ha estado bajo el escrutinio público debido a las implicaciones políticas y administrativas que conlleva, ha generado especulación sobre posibles presiones para inclinar el fallo en una u otra dirección.
El caso de los pasaportes contra Álvaro Leyva pone en evidencia las tensiones dentro de las instituciones colombianas y la fragilidad del sistema de licitaciones públicas. La controversia radica en que, aunque el exfuncionario declaró desierta la licitación, lo hizo argumentando que los términos favorecían a un solo proponente, lo cual es considerado ilegal. Sin embargo, este argumento ha sido defendido tanto por su equipo legal como por la Fiscalía, que avaló la existencia de un pliego «a la medida» de ciertos intereses. Esta situación plantea interrogantes sobre la transparencia en los procesos de contratación del Estado y el papel que juegan las instituciones en la vigilancia de estos contratos.
La demora en el fallo también arroja dudas sobre la Procuraduría y su capacidad para llevar a cabo procedimientos disciplinarios en tiempos razonables, un aspecto que ha sido criticado por diversos actores. Si bien la reestructuración interna puede ser una razón válida para el aplazamiento, la falta de celeridad en este caso puntual podría interpretarse como un síntoma de problemas más profundos en la administración de justicia disciplinaria en el país.
Este proceso tiene el potencial de sentar precedentes importantes en cuanto a la responsabilidad de los funcionarios públicos en la toma de decisiones relacionadas con contratos estatales, y el manejo del caso por parte de la Procuraduría será observado de cerca tanto por la clase política como por los ciudadanos.
