Por Orlando Andrade Gallardo
Al conocerse el fallo del CNE sobre la campaña Petro presidente, la andanada de pronunciamientos de juristas no se hizo esperar, unos defendiendo la decisión sin sustentos jurídicos creíbles, otros asegurando extralimitación de funciones y conflictos personales.
El caso es que para la mayoría de los colombianos el fallo no causó ninguna sorpresa porque se esperaba; el interrogante gira en torno a la pulcritud y principios éticos de algunos funcionarios que juzgaron al presidente. En política el pasado no perdona, frase que cuñó una presentadora de Tv que se aplica a personajes con pasado dudoso en una de las actividades más comprometidas y exigente con la sociedad, como es la política, pero muchos la aprovechan para beneficio personal. En Colombia el currículo de las personas es letra muerta para los organismos de control y es poco o nada lo que se tienen en cuenta al seleccionar el personal y es la razón de tantos problemas laborales y actuaciones indecorosas de funcionarios judiciales que violan principios y valores éticos para satisfacer a sus jefes políticos y colectivo partidista.
Generalmente quienes ocupan cargos de dirección del Estado, son excongresistas que no fueron elegidos en las últimas contiendas electorales y nombrados por sus caciques políticos para que los representen incondicionalmente en las corporaciones públicas. Lo más peligroso para una entidad pública o privada es designar a un burócrata con antecedentes judiciales sin resolver, aun peor si el cargo es tan sensible como el juzgamiento de ciudadanos, o encargarlo del manejo de dinero. En la mayoría de entidades estatales existen rigurosos filtros para seleccionar al personal que ingresa a sus instituciones, estas mantienen estándares y reglas para evitar que delincuentes permeen la organización con sus feas prácticas, pero sus habilidades superen esos filtros. Los encargados de juzgar las conductas de los ciudadanos, como jueces, fiscales y magistrados, el control debe ser más estricto y riguroso, los aspirantes demostrar idoneidad y altos valores de comportamiento, pero en un país tan politizado, estas exigencias generalmente no se cumplen y son seleccionados a dedo. En el caso del CNE con el presidente Petro, existen evidencias que muchos militantes del CD y CR, declararon abiertamente a la opinión pública desde el comienzo de la administración, que Petro sería derrocado a cualquier precio y no terminaría su mandato. Estas proclamas la repetían en cada ocasión que el gobierno presentaba al Congreso de la República, reformas sociales que afectaban sus intereses económicos y burocráticos. Lo particular, es que los dos protagonistas principales de la macabra decisión de juzgamiento contra el presidente, pertenecen a estas agrupaciones sectarias para continuar con el golpe blando y abrirle espacio a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes y llamarlo a juicio. Los once millones de sufragantes que depositaron el voto por el gobierno del cambio deben exigir a los organismos de control que se publiquen las hojas de vida con sus antecedentes de los siete funcionarios que censuraron al presidente Petro. Estos hechos del CNE no tienen antecedentes, pues los dos últimos mandatarios fueron investigados por el mismo problema y por vencimiento de términos los procesos se archivaron. ¿Será que en este caso existe el golpe blando? No es de extrañar, la contundencia y seguridad como se expresa una de las más beligerantes y fanática del CD es posible, por el poder que ejerce en la agremiación de ganaderos y terratenientes del país. Desde siempre el derecho es una de las disciplinas más hermosas de las ciencias humanas y sociales y del conocimiento, todas las universidades del país cuentan con una facultad de derecho y raro que en una familia colombiana no haya un abogado. Su ejercicio requiere estudio, dedicación y alta calidad humana, un abogado corrupto y torcido, conocedor de códigos es el sujeto más peligroso de la sociedad, puede desviar procesos que perjudican a una nación, como caso Odebretch, ayudar a derrocar un presidente y enviar a la cárcel un inocente. En derecho el eje principal, es lograr que la verdad salga a flote en cada proceso jurídico, como prerrequisito sinequanon para que pueda avanzar con transparencia. El derecho bien ejercido debe contar con principios morales excelentes, estética armoniosa y la profesión de la abogacía sea ajustada a la vida en sociedad y no ceñirse a las reglas frías mal aplicadas, sino normas humanísticas y consensuadas para lograr la buena convivencia ciudadana.
