Se comenta entre los campesinos que, seguidores del representante Germán Gómez, en Usuacurí, serían los beneficiados con unas tierras de la finca Mijadal que son de la SAE.
En su volante, la SAE señala que entregará fincas a mujeres rurales, campesinas, pescadores que, con fuerza de amor y dedicación protegen, cosechan y producen la tierra para construir paz y alimentar a todo un país, situación que cuestionan los usiacureños, quienes aseguran que nada de eso se cumple así.
La situación en Usiacurí respecto a la entrega de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras- ANT, ha generado una creciente preocupación entre los habitantes del municipio. Para este martes 15 de octubre, se anunció que el Estado ocupará algunas tierras para ser otorgadas a personas que no son campesinas, lo que ha desatado un malestar significativo entre la comunidad local.
El alcalde de Usiacurí, Julio Mario Calderón, aún no se ha pronunciado sobre esta controversia. Sin embargo, fuentes cercanas a la administración han indicado que el burgomaestre está molesto por la falta de comunicación oficial y documentación por parte de la Agencia Nacional de Tierras – ANT que así lo indique. La preocupación radica en que las tierras en cuestión no deberían ser entregadas a individuos ajenos al sector agrícola, lo que podría afectar la estructura social y económica del municipio.
Los habitantes de Usiacurí sienten que esta decisión no solo ignora su realidad, sino que también pone en riesgo su acceso a recursos vitales. En este contexto, se espera que Nevys Andrea Niño Rodríguez, directora regional de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., brinde aclaraciones sobre la situación y explique el proceso que llevó a esta decisión.
«Defendamos los derechos de nuestros campesinos», expresó uno de los habitantes de Usiacurí.
«¿Cómo es posible que en nuestra tierra, donde el verdadero campesino lucha diariamente por su sustento, se priorice a quienes no conocen la realidad del campo?».
Esta decisión no solo ignora el esfuerzo y la dedicación de nuestros agricultores, sino que también afecta directamente el bienestar de la comunidad.
La lucha por la justicia y la equidad en la distribución de tierras es una tarea que siempre debe ser equitativa y justa, por lo cual la comunidad exige respuestas claras y un compromiso real por parte de las autoridades, con el fin de garantizar que la entrega de tierras beneficie a quienes verdaderamente dependen de ellas para su sustento.
La falta de información y transparencia en este asunto ha alimentado la incertidumbre y el descontento entre los pobladores, quienes esperan que se respeten sus derechos y se escuche su voz en este proceso.
