Siete magistrados del Consejo Nacional Electoral enfrentan denuncias por prevaricato tras abrir investigación contra la campaña presidencial de Gustavo Petro.
La Fiscalía Segunda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ha asumido la investigación de una denuncia por prevaricato contra siete magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). Estos magistrados habían decidido formular cargos contra el presidente Gustavo Petro en relación con su campaña presidencial de 2022, al encontrar indicios de que se superaron los topes de gasto establecidos por la ley en más de 5.000 millones de pesos.
La denuncia se centra en que los magistrados habrían excedido sus competencias al abrir una investigación formal contra el presidente, ya que, según la Constitución, cualquier investigación de este tipo debe ser adelantada exclusivamente por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Los magistrados implicados en la denuncia son Álvaro Hernán Prada, Benjamín Ortiz, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Altus Baquero, Cristian Quiroz y el presidente del CNE, César Lorduy. Los dos primeros fueron los autores de la ponencia que proponía la investigación, mientras que los demás magistrados la respaldaron, aunque algunos aclararon sus votos
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, aseguró que la Fiscalía está trabajando para adoptar las decisiones correspondientes en relación con esta investigación. Además, indicó que el organismo garantiza que se está trabajando para adoptar las decisiones a que haya lugar en relación con la investigación penal contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y entonces gerente de la campaña ‘Petro Presidente’, y los demás no aforados, por las denuncias sobre supuesta financiación irregular.
Este caso ha generado una intensa discusión sobre la competencia del CNE para investigar la financiación de la campaña presidencial y ha puesto en el centro del debate la posible violación de los topes electorales establecidos por la ley.
La decisión de la Fiscalía de investigar a los magistrados del CNE por prevaricato es un hecho significativo que refleja la tensión entre diferentes poderes del Estado en Colombia. Este caso pone de manifiesto la necesidad de clarificar las competencias de las instituciones en materia electoral y de financiación de campañas, así como de garantizar la transparencia y la legalidad en los procesos electorales.
Es fundamental que las investigaciones se lleven a cabo de manera imparcial y que se respeten los derechos de todas las partes involucradas. Asimismo, este caso destaca la importancia de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia en el financiamiento de las campañas electorales para evitar irregularidades y garantizar la confianza en el sistema democrático colombiano.
