La defensa del expresidente alegaba la necesidad de más tiempo para analizar evidencia clave, pero el Tribunal dictaminó que el proceso debe continuar sin dilaciones.
En una decisión que marca un nuevo episodio en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el Tribunal Superior de Bogotá rechazó la solicitud presentada por su defensa legal, encabezada por el abogado Jaime Granados, para aplazar la audiencia preparatoria en el proceso de presunta manipulación de testigos. Granados solicitaba un aplazamiento de siete días adicionales con el fin de examinar una nueva serie de pruebas, las cuales provienen de dispositivos electrónicos pertenecientes al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, considerado un testigo clave en este complejo proceso judicial.
Granados argumentó que estos siete días adicionales eran esenciales para poder revisar de manera exhaustiva la información contenida en los dispositivos de Monsalve, subrayando que este material era crucial para el desarrollo de una defensa robusta y efectiva. En palabras del abogado defensor, el acceso tardío a esta evidencia representaba un obstáculo para garantizar el derecho de Uribe a una defensa adecuada. Según él, sin este tiempo adicional, podría estar comprometiéndose el debido proceso y, en consecuencia, los derechos fundamentales de su cliente.
No obstante, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que el proceso judicial debía continuar según el calendario establecido, desestimando los argumentos presentados por la defensa. «La audiencia deberá seguir adelante tal como está programada», fue el pronunciamiento de los magistrados, quienes, además, recalcaron que la decisión tomada no admite apelación y debe ser acatada de manera inmediata. Esta postura fue respaldada tanto por la Fiscalía como por la representación de las víctimas, que se opusieron tajantemente a cualquier dilación en el proceso. Ambas partes coincidieron en que el caso ya ha atravesado varios retrasos y que no existen justificaciones válidas para un nuevo aplazamiento.
A pesar de la negativa por parte del Tribunal, la defensa de Uribe ha interpuesto una tutela que alega una violación al debido proceso, argumento que aún se encuentra en revisión. Jaime Granados insiste en que la forma en que se ha manejado la entrega de la nueva evidencia afecta gravemente los derechos de su cliente, y confía en que la tutela será admitida. Sin embargo, hasta el momento, el Tribunal mantiene su posición firme, haciendo hincapié en la necesidad de avanzar con el caso.
Este proceso, que ha captado la atención nacional e internacional, enfrenta ahora un nuevo dilema: ¿debería permitirse más tiempo a la defensa para analizar la nueva evidencia, o se corre el riesgo de prolongar indefinidamente un juicio de tal relevancia? El debate sobre la justicia pronta y cumplida versus el derecho a una defensa completa se mantiene latente. La tutela interpuesta será un punto clave en los próximos días para determinar si el proceso sigue sin más interrupciones o si, como solicita la defensa, se otorga un nuevo plazo para el análisis de la evidencia.
