La excandidata a la alcaldía denuncia influencia de un financista político en la Administración Distrital.
Barranquilla, Atlántico – Octubre 12 de 2024.
La escena política local de Barranquilla ha vuelto a agitarse tras las recientes declaraciones de Jacqueline Perea Blanco, excandidata a la alcaldía, quien con sus agudas críticas ha sacudido la tranquilidad de la gestión de la alcaldesa de la Localidad 3 Industrial y de la Bahía, Yucelis Patricia Garrido Ochoa. Perea, conocida por su combativo eslogan «Jacque no amaga«, ha vuelto a encender las alarmas en torno a la influencia política en el gobierno local, poniendo en la mira a un controvertido personaje del escenario económico.
Durante una intervención pública, Perea reveló la presunta injerencia de Carlos Alfonso Pérez, un reconocido financista político al que se le atribuye el apodo de «Foncho«, quien, según la excandidata, estaría protegiendo a la alcaldesa de la Localidad 3. Estas afirmaciones han generado un fuerte eco en los círculos políticos de la ciudad, dando lugar a un debate sobre la independencia y transparencia de la administración local.
La controversia se intensificó aún más cuando algunos confundieron a «Foncho» con Alfonso Hilsaca, un empresario de renombre a nivel nacional. Hilsaca, conocido por su trayectoria empresarial, se vio obligado a emitir un comunicado aclarando que no tenía relación alguna con la alcaldesa local y exigiendo que se le dejara fuera de los rumores.
Mientras tanto, la dinámica política en Barranquilla parece mantenerse en un estancamiento que preocupa a muchos. A pesar de las críticas, la gestión de la Localidad 3 sigue su curso sin grandes cambios visibles, lo que para algunos refleja una vida administrativa «inamovible». En este escenario de aparente quietud, Jacqueline Perea sigue siendo una de las pocas figuras que no deja de alertar sobre posibles irregularidades.
Este episodio ha dejado al descubierto una realidad que, aunque incómoda, sigue siendo parte de la cotidianidad política en muchas ciudades del país: la posible influencia de actores privados en decisiones públicas. Las afirmaciones de Perea sobre la protección de la alcaldesa por parte de un poderoso financiador, junto con la confusión generada en torno al nombre de Alfonso Hilsaca, han abierto un nuevo capítulo de tensiones en la vida política de Barranquilla.
¿Hasta qué punto la administración local está siendo influenciada por financistas políticos? ¿Qué medidas deberían tomarse para garantizar una mayor transparencia en la gestión pública de Barranquilla?, son algunos de los interrogantes que surgen tras esta nueva polémica política. El caso de Jacqueline Perea pone sobre la mesa la necesidad de reforzar los controles ciudadanos y gubernamentales para evitar que los intereses privados interfieran en la toma de decisiones que afectan a toda una comunidad.
En medio de este clima de incertidumbre, la ciudadanía se enfrenta al desafío de exigir un gobierno más transparente y libre de presiones externas, mientras figuras como Perea continúan alertando sobre posibles irregularidades que podrían comprometer el futuro de la ciudad.
