El ex magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia, Luis Pérez, ha hecho un llamado a la justicia tras analizar la reciente ponencia aprobada el 8 de octubre.
A través de un hilo en redes sociales, Pérez enumeró siete irregularidades que, según él, comprometen la integridad del proceso electoral y ponen en riesgo el gobierno de Gustavo Petro.
Entre las denuncias, Pérez destaca que el CNE vulneró el Estado Social de Derecho y desestimó su propia institucionalidad al ignorar las investigaciones previas sobre las elecciones de 2022 y 2023. Asegura que se violentaron derechos fundamentales, como el derecho a la defensa, al no aceptar testimonios de veedores solicitados por la defensa.
«1. Como ex magistrado del @CNE_COLOMBIA luego de haber estudiado la ponencia que fue aprobada este 8 de octubre, presento en un hilo siete consideraciones sobre las grandes y graves irregularidades que deben tener consecuencias penales y disciplinarias sobre sus responsables @FiscaliaCol en el intento de desestabilizar el gobierno de @petrogustavo los magistrados ponentes han violentado el Estado Social de Derecho, más el desconocimiento de la integridad del fuero»
En el Segundo hilo explicó que «El @CNE_COLOMBIA desconoció además su propia institucionalidad, el Fondo de Financiación Política realizó su investigación para poder llegar a certificar las cuentas que lo hizo sobre la primera vuelta en noviembre de 2022 y sobre la segunda vuelta presidencial en marzo de 2023. Hubo auditores internos y externos que cumplieron con rigurosidad su trabajo. Violentó el derecho de defensa al negar los testimonios de los propios veedores solicitados por la defensa y violentó el principio del non bis in ídem al volver a investigar sobre los mismos hechos».
Como tercera gran irregularidad resaltó que «el @CNE_COLOMBIA no tiene facultades de policía judicial, ni cuerpo técnico para este tipo investigaciones, así lo reconocimos durante mi mandato y expedimos la resolución 2666 de 2021 para pedirle al Congreso dichas facultades que no le han sido concedidos a la organización electoral, por tanto las pruebas que se ordenaron y practicaron sobre información financiera y tributaria entre otras, sobre personas que no estaban siendo investigadas y extendiéndose al año 2021 y más allá de los términos de la campaña presidencial constituyen un abuso de la función pública y de poder».
en la cuarta, quinta y sexta irregularidad, Pérez subraya que el CNE no tiene facultades de policía judicial para realizar investigaciones y que se ha abusado de la función pública al extender indagaciones más allá de los plazos establecidos. Además, cuestiona la inclusión de gastos de testigos electorales y celebraciones de victoria dentro de la campaña, lo que considera un intento de deslegitimar el triunfo de Petro.
Finalmente, el ex magistrado advierte sobre el peligro del «lawfare» y posibles intentos de desestabilización del gobierno, recordando casos históricos en los que se han perpetrado golpes de estado en América Latina. Llama a la movilización pacífica para proteger la democracia y las reformas sociales necesarias en el país.
