Las acusadas engañaban a sus víctimas con falsas promesas laborales en Asia para luego someterlas a explotación sexual en Corea del Sur.
En un importante operativo liderado por la Dijin, fueron capturadas dos mujeres en Medellín y Soacha, señaladas de dirigir una red internacional de trata de personas. Las acusadas, según las investigaciones, hacían parte de una organización que, mediante promesas laborales engañosas, captaba a mujeres jóvenes para enviarlas a Corea del Sur, donde finalmente eran explotadas sexualmente. Las detenciones fueron posibles gracias a operativos simultáneos desarrollados por el Grupo Investigativo Contra los Delitos Sexuales y la Familia.
El coronel Edwin Urrego, director de la Dijin, explicó que la estructura criminal se enfocaba en captar a mujeres en ciudades como Medellín, Bogotá y sus alrededores, con la promesa de empleos bien remunerados en países asiáticos. No obstante, una vez las víctimas llegaban a su destino, eran sometidas a tratos inhumanos, forzadas a ejercer la prostitución y, en muchos casos, les imponían multas injustificadas que las mantenían en una situación de esclavitud moderna. Además, «si las víctimas se encontraban en estado de gestación, eran obligadas a abortar», detalló el coronel.
El operativo también resultó en la incautación de varios elementos que servirán como prueba en el proceso judicial. Entre los objetos confiscados se encontraban 25 documentos relacionados con los traslados de las víctimas, pasaportes, agendas con registros de las actividades ilícitas, un dispositivo de grabación de cámaras de seguridad, un teléfono inteligente y 17 cartuchos de calibre 9 mm. Estos elementos serán claves para seguir desarticulando la red y procesar a otros posibles implicados.
Una de las mujeres capturadas, identificada como alias «La Paisa», fue detenida en el municipio de Soacha. «La Paisa» es señalada de ser la madre de la cabecilla principal de la organización, conocida como Katherine, quien aún se encuentra prófuga. Se ha emitido una notificación azul de Interpol para localizarla en cualquier lugar del mundo. Según las investigaciones, «La Paisa» jugaba un rol crucial en la organización, facilitando el dinero necesario para la obtención de documentos, la compra de boletos aéreos y terrestres, y acogiendo a las víctimas en su residencia temporalmente antes de ser enviadas a su destino final.
Por otro lado, en Medellín, fue capturada alias «Camila», responsable de la captación de víctimas en el área metropolitana de la capital antioqueña. Las investigaciones señalan que «Camila» era quien establecía el contacto inicial con las mujeres a las que prometía una vida mejor fuera del país, para luego entregarlas a la red de explotación sexual.
Las jóvenes, engañadas con la ilusión de alcanzar una mejor calidad de vida, eran transportadas a la ciudad de Incheon, en Corea del Sur, donde eran confinadas en locales de lenocinio bajo la fachada de karaokes. Allí, eran obligadas a ofrecer servicios sexuales sin recibir ningún tipo de pago, y en caso de incumplir con las exigencias de los proxenetas, eran castigadas con multas o represalias físicas. La promesa de estabilidad económica se desvanecía rápidamente al quedar atrapadas en una situación de violencia, abuso y explotación.
Este caso refleja una problemática que sigue afectando a miles de mujeres en todo el mundo, especialmente en países donde las redes criminales de trata de personas actúan con impunidad. Aunque la captura de estas dos mujeres representa un golpe significativo contra la organización, la búsqueda de Katherine, la cabecilla de la red, sigue en curso, y las autoridades han reiterado su compromiso de no descansar hasta desmantelar por completo esta operación criminal.
La trata de personas continúa siendo un desafío global que requiere respuestas coordinadas entre los gobiernos y las fuerzas de seguridad de diferentes países. El caso de Medellín y Soacha plantea preguntas preocupantes: ¿Cuántas más estarán siendo engañadas en este momento bajo falsas promesas? ¿Hasta qué punto estas redes logran operar sin ser detectadas? El impacto psicológico y físico en las víctimas es incalculable, y la lucha por erradicar este delito es una tarea que no puede detenerse.
