La Cámara de Diputados de Chile ha decidido iniciar un juicio político contra dos magistrados de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, en medio de serias acusaciones de corrupción. Con 97 votos a favor, 25 en contra y 20 abstenciones, la oposición logró la aprobación de la acusación constitucional, que ahora pasará al Senado para su deliberación.
Ángela Vivanco está vinculada al “Caso Audios”, un escándalo de tráfico de influencias que ha agitado a la elite política y empresarial del país. Las recientes filtraciones de conversaciones entre Vivanco y el abogado Luis Hermosilla, actualmente en prisión preventiva, han revelado intentos de la magistrada por manipular nombramientos en la Corte y recibir apoyo para mantener su cargo.
Por su parte, Sergio Muñoz enfrenta acusaciones de haber proporcionado información confidencial a su hija sobre transacciones inmobiliarias. Su suspensión fue efectuada inmediatamente tras la decisión de la Cámara.
Este desarrollo marca un hito en la historia reciente de Chile, donde desde 1990 se han presentado ocho acusaciones constitucionales contra magistrados, reflejando una creciente preocupación por la integridad del sistema judicial. En respuesta a estos escándalos, el gobierno de Gabriel Boric planea una reforma del sistema de nombramientos de jueces, que ha estado bajo la lupa por posibles conflictos de interés.