En las últimas horas, Jorge «el Tuto» Barraza Farak, exgobernador de Sucre, fue trasladado desde el búnker de la Fiscalía hacia la cárcel La Picota, donde cumplirá una condena de seis años y cuatro meses de prisión impuesta por la Corte Suprema de Justicia. La sentencia se debe al delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.
Barraza fue procesado por haber firmado cuatro contratos para la dotación de textos escolares de manera directa, omitiendo el debido proceso de licitación. Esta falta de procedimiento ignoró la existencia de otras empresas que también se dedicaban a la comercialización de textos escolares, lo que plantea serias preguntas sobre la transparencia en la gestión pública.
Los contratos, firmados entre 2010 y 2011 con la empresa Los Tres Editores S. A. S., alcanzaron un monto total superior a los $2.298 millones. Esta situación ha generado un intenso debate sobre la corrupción en la administración pública y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la contratación estatal.
El caso de «el Tuto» Barraza pone de manifiesto los riesgos de la gestión pública y la importancia de adherirse a los principios de legalidad y transparencia, especialmente en el manejo de recursos destinados a la educación. Su condena refleja un esfuerzo por parte de las autoridades para sancionar las irregularidades en la administración pública y disuadir prácticas corruptas en el futuro.
