La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha emitido una orden a la Unidad de Víctimas para que revise la inclusión y acredite en sus registros a 2,721 personas afectadas por el delito de secuestro perpetrado por las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Este grupo de víctimas incluye tanto a sobrevivientes de secuestros como a familiares de aquellos que fueron secuestrados. Todos han participado en los procesos de investigación de secuestros que maneja la JEP, con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar la justicia.
La Unidad de Víctimas tiene un plazo hasta septiembre de 2025 para llevar a cabo la verificación y acreditación de estas personas. Este proceso es crucial para garantizar que las víctimas reciban el reconocimiento y las reparaciones adecuadas, contribuyendo así a su recuperación y a la reconciliación del país.
La decisión de la JEP subraya el compromiso de las instituciones colombianas con la memoria histórica y el tratamiento adecuado de las secuelas del conflicto armado, enfatizando la importancia de dar voz a quienes han sufrido estas violaciones a los derechos humanos.
Las organizaciones de derechos humanos y las comunidades de víctimas han celebrado esta medida, esperando que conduzca a una mayor justicia y reparaciones para aquellos que han enfrentado el trauma del secuestro y sus devastadoras consecuencias.
