El abogado constitucionalista Porfirio Castillo critica la calidad del servicio de energía y el cobro de otros conceptos como alumbrado público y la tasa de seguridad a través de las facturas de energía. Sus comentarios abren el debate sobre el manejo de recursos y la transparencia en la administración pública.
En medio de una creciente inconformidad por la calidad del servicio de energía en la región Caribe, el abogado especializado en servicios públicos, Porfirio Castillo, ha alzado su voz en torno a los graves problemas que aquejan a los usuarios. Durante una entrevista en el noticiero Noticias con Libertad, Castillo fue enfático en señalar que la Administración pública debe priorizar la satisfacción de los derechos de los ciudadanos, especialmente en lo que respecta a los servicios públicos esenciales.
“La Administración pública debe estar al servicio de los ciudadanos, que el objetivo y el fin del Estado, en este caso, el fin de los gobiernos departamentales y municipales, es la satisfacción y el aseguramiento de los derechos de las personas y en este caso, de los servicios públicos”, manifestó el jurista, subrayando que la intervención del agente designado para gestionar la crisis del servicio de energía debe enfocarse exclusivamente en resolver el suministro de energía, sin distraerse en otros asuntos como el alumbrado público o la tasa de seguridad.
La intervención: ¿Solución o problema?
El punto central de la crítica de Castillo radica en que la intervención en el sector eléctrico, lejos de solucionar los problemas estructurales, podría estar dispersando esfuerzos. “Si la intervención es para eso, mal haría el interventor en distraer su atención en dispersar sus esfuerzos en asuntos que no fuera resolver el tema de alumbrado de la energía, que es el que estamos padeciendo hace muchísimos años”, afirmó. Según él, los aumentos en las tarifas ya fueron aplicados, y la calidad del servicio sigue siendo deficiente. “Ya la opción tarifaria la habíamos pagado, ya aumentaron en kilovatio y el servicio está sometido a la especulación”, denunció.
Además, Castillo destacó que se ha generado una expectativa errónea entre los usuarios, quienes creyeron que con los ajustes en las tarifas habría una mejora inmediata en el servicio. En lugar de eso, lo que ha prevalecido es una falta de transparencia en la administración pública, lo que ha convertido la prestación de los servicios en un “circo”.
El cuestionamiento a las tasas de seguridad
Uno de los aspectos más polémicos abordados por el abogado es la inclusión de la tasa de seguridad y el cobro del alumbrado público en las facturas de energía. Para Castillo, estos conceptos no deberían estar vinculados a un servicio ya de por sí problemático como el de la energía eléctrica, lo que carga aún más a los usuarios. “Aún y a pesar de que la tasa de seguridad se la han peleado, la han despilfarrado… que busque la forma de facturarla por otro lado, ¿por qué? Porque así alivian el flujo de caja de las familias”, indicó, enfatizando que los ciudadanos pagan por pérdidas que no deberían estar cargadas en sus facturas.
En este sentido, cuestionó duramente el papel de los organismos de control y la falta de respuestas claras en cuanto al destino de los recursos recaudados por concepto de la tasa de seguridad. “¿Dónde está la plata de la seguridad?, ¿dónde están los recaudos?, ¿dónde está la seguridad misma?”, preguntó Castillo, subrayando que a pesar de estos cobros, los niveles de inseguridad en ciudades como Barranquilla siguen siendo alarmantes.
Alternativas al cobro actual
A lo largo de la entrevista, Castillo propuso que se busquen otras vías para facturar la tasa de seguridad, como hacerlo a través del impuesto predial o incluso con la factura de gas, en lugar de recargar aún más las facturas de energía. “Colocar todas esas facturas en cabeza del recibo de energía, que es el más oneroso, por supuesto que es un acto de sadismo”, aseguró. La crisis energética, según el abogado, no es únicamente técnica o económica, sino que refleja una crisis política de una clase gobernante que actúa en contra de los ciudadanos.
¿Es sostenible la actual administración de los servicios públicos?
Los comentarios de Porfirio Castillo han generado un fuerte debate sobre la gestión de los servicios públicos en la región Caribe, particularmente en lo que respecta a la transparencia y la correcta utilización de los recursos públicos. La pregunta que queda en el aire es si las autoridades competentes serán capaces de implementar las reformas necesarias para garantizar un servicio eficiente y justo para los ciudadanos. ¿Hasta cuándo seguirán los usuarios soportando tarifas elevadas y una calidad de servicio deficiente? ¿Qué otras soluciones podría considerar el gobierno para aliviar la carga sobre los hogares afectados?
Este es un problema que requiere atención inmediata y decisiones acertadas que realmente beneficien a los ciudadanos, no solo en términos de tarifas, sino también en la efectividad del servicio y en el respeto a los derechos de los usuarios.
