La Coalición Pacto Histórico enfrenta graves acusaciones por la vulneración de normas electorales en las pasadas elecciones.
En una reciente sesión celebrada el 8 de octubre de 2024, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió, por mayoría, abrir una nueva investigación y formular cargos contra la campaña presidencial de la Coalición Pacto Histórico, representada por Gustavo Francisco Petro Urrego, quien se postuló en las elecciones de primera y segunda vuelta, así como su equipo, incluido el gerente de campaña, Ricardo Roa Barragán, y la tesorera Lucy Aydee Mogollón Alfonso. Esta decisión también involucra a otros miembros de la campaña y a los partidos políticos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP), en relación a una supuesta vulneración del régimen de financiación de campañas electorales.
Según los informes, la campaña de primera vuelta excedió el límite de gastos permitido por un total de tres mil setecientos nueve millones trescientos sesenta y un mil trescientos cuarenta y dos pesos ($3.709.361.342). Esta violación se fundamenta en varios artículos de la Constitución y de leyes específicas, como la Ley 1475 de 2011 y la Ley 996 de 2005. Entre las faltas señaladas, se incluyen varias omisiones en los reportes de ingresos y gastos, como el aporte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), un préstamo del Partido Polo Democrático Alternativo, y pagos a testigos electorales, por sumas que totalizan millones de pesos.
La situación es alarmante, dado que la omisión de estas cifras pone en tela de juicio la transparencia de las finanzas de campaña. A lo largo de la investigación, se señala que la financiación también provino de fuentes prohibidas, incluyendo aportaciones de personas jurídicas como FECODE, Ingenial Media S.A.S., y Unión Sindical Obrera (USO).
Para la segunda vuelta electoral, se han formulado cargos adicionales por una presunta vulneración del límite de gastos, que asciende a mil seiscientos cuarenta y seis millones trescientos ochenta y seis mil setecientos setenta y tres pesos ($1.646.386.773). Las faltas en esta etapa incluyen la omisión de gastos en un evento significativo realizado en el Movistar Arena y otros pagos a testigos electorales.
Las organizaciones políticas involucradas, Colombia Humana y Unión Patriótica, han sido señaladas por presuntamente permitir la financiación de la campaña a través de fuentes prohibidas y por no cumplir con sus deberes de diligencia en la gestión de reportes financieros.
Es crucial señalar que las magistradas Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez han salvado su voto, lo que añade una capa de complejidad al proceso de investigación. La pregunta que surge es: ¿qué consecuencias tendrán estas irregularidades en el futuro político de Petro y su coalición? Además, el escrutinio de las campañas electorales es esencial para garantizar la integridad del sistema democrático en Colombia. ¿Podrán los organismos de control cumplir con su deber sin interferencias políticas?
Apertura de nueva investiga… by LIBERTAD DIARIO
Cierre de la investigación sobre publicidad anticipada
Es de recordar que precisamente este martes 8 de octubre, en horas de la mañana, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió archivar una investigación contra la campaña presidencial de Gustavo Petro por presunta publicidad anticipada, relacionada con el evento ‘P’ de Barranquilla en 2021.
En contexto: CNE da carpetazo a caso Petro: ¿Evidencia insuficiente o decisión política?
La decisión, tomada con una mayoría de ocho magistrados a favor, concluye esta etapa de los procesos que enfrentaba la campaña. Nicolás Petro, hijo del presidente, había declarado que el empresario Euclides Torres financió parte del evento, pero la mayoría del CNE no consideró suficiente esta información para abrir una investigación formal.
Aunque este fallo ha sido visto como una victoria para la campaña de Petro, la lucha legal no ha terminado; el CNE aún investiga posibles irregularidades en los gastos de campaña, lo que podría tener consecuencias significativas para el presidente y su equipo. La situación plantea interrogantes sobre la imparcialidad del CNE y el uso político de estas investigaciones en un contexto electoral ya polarizado.
