Es notable en algunos miembros de la clase política, la ausencia de compromiso con la comunidad; da la impresión de que la falta de vergüenza es la marca registrada –de algunos– de los que hicieron de la política una profesión, única y exclusivamente para acumular riquezas y poder; para hacer de la función pública un negocio privado y del erario un botín; para practicar el tráfico de influencias y para dispensar favores a familiares cercanos, para así mantenerlos en la muy conocida actividad de la contratocracia.
Como lo hemos reiterado en este mismo espacio editorial, todo servidor público, llámese Presidente de la República, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales o ediles, que en ejercicio de su poder no dé cumplimiento a las promesas que pregonó durante su campaña, se le puede catalogar como un irresponsable.
Esta expresión muy generalizada en nuestros tiempos, escuchada especialmente entre las gentes pertenecientes a las clases populares, debería ser tenida en cuenta en sus cotidianas meditaciones por los hombres y mujeres públicos y todos aquellos que aspiran serlo.
La sentencia adquiere vigencia en los actuales momentos, por cuanto es abrumadora la mayoría de servidores públicos que se dejan conducir por la ambición, para no perseguir en lo grande o en lo pequeño, otra cosa que la cacería de votos y asegurar de este modo la elección, sin importarle el cumplimiento de los compromisos pregonados durante su campaña.
Además, porque los compromisos adquiridos con los proyectos incluidos en sus programas anunciados, las promesas pregonadas ante las comunidades, las mismas que lo catapultaron para que se concreten sus aspiraciones políticas, de sus deseos de servicio que tanto pregonaron, durante el fragor de sus campañas.
Promesas que al poco tiempo la mayoría de las veces se olvidan, produciendo la decepción de aquellos electores que durante el debate electoral pusieron todo su empeño, para que el candidato lograra la anhelada credencial que lo convirtió en miembro de la corporación para la que propuso su nombre.
En Colombia son muchos los ejemplos de estas promesas: la entrega de subsidios para viviendas, programas de mejoramiento de vivienda y titulación de predios de propiedad de particulares víctimas de invasiones.
Nuestra democracia ha sido una víctima de múltiples casos como estos; es aquí donde encontramos la justificación de su renuencia de acudir a los puestos de votación el día de las elecciones.
Es en el proceder irresponsable –por decir lo menos–, de algunos candidatos –no todos– donde encontramos la explicación a la alta abstención que se presenta en las jornadas electorales, es aquí donde se origina la desconfianza que reina entre la ciudadanía hacia la clase política, en la que muchos se olvidan de sus electores el siguiente día del debate.
Algo tendrán que hacer los propios políticos honestos –que todavía los hay– para que la comunidad vuelva a tenerlos como sus verdaderos representantes en los cargos ejecutivos y en los cuerpos colegiados designados a través del voto popular de los ciudadanos que acuden a las urnas.
Los congresistas, diputados, concejales y ediles, cuando son elegidos adquieren el compromiso de hacer cumplir lo que está previsto en la ley en materia de control político y de veedurías ciudadanas, para garantizar que los contratistas y concesionarios cumplan los compromisos adquiridos con la ciudadanía a través de sus investiduras, para así evitar que se sigan explotando espacios propicios para las comisiones y las coimas.
