A pesar de las promesas de paz, el poder de las organizaciones criminales sigue en expansión. La incertidumbre crece ante la respuesta gubernamental.
El reciente informe sobre las zonas de influencia de grupos armados organizados en Colombia refleja un panorama alarmante: 440 municipios se encuentran bajo el control de estos actores. El líder social y defensor de los derechos humanos, Sebastián Velásquez, cuestionó en su cuenta de X la falta de acciones efectivas por parte del gobierno frente a esta situación, manifestando su preocupación:
«Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, los grupos armados terroristas hoy tienen el control de más de 440 municipios. ¿Qué ha hecho este gobierno para desmantelar estas estructuras criminales? Nombrar bandidos como gestores de paz, para seguir delinquiendo.»
Esta declaración pone sobre la mesa un debate crucial sobre la estrategia gubernamental para enfrentar a estas organizaciones, muchas de las cuales han sido identificadas como gestores de paz dentro del proceso de diálogos con el Estado. Sin embargo, las cifras y el mapa de influencia de los grupos armados sugieren que estas estructuras están lejos de ser desmanteladas, y más bien, su presencia parece consolidarse en varias regiones del país.
El mapa de la violencia: Expansión y control territorial
De acuerdo con los datos más recientes, reportados el 12 de julio de 2024 por la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, múltiples organizaciones criminales tienen un dominio claro en diversas áreas del territorio nacional. Entre estos grupos, se destacan:
- Frente Comuneros del Sur (azul), con presencia en varios departamentos del sur del país.
- Segunda Marquetalia (morado), con influencias en zonas del oriente y sur.
- Grupos armados organizados residuales, al mando de diferentes figuras como Calarcá (amarillo) e Iván Mordisco (naranja), dispersos en áreas críticas como el suroccidente y el centro.
- El ELN (verde), cuyas operaciones se extienden por la zona fronteriza con Venezuela y el norte de Colombia.
- El Clan del Golfo (rojo), que sigue controlando áreas estratégicas en la región Caribe y el Urabá.
La geografía de la violencia muestra que la presencia de estos grupos no solo se limita a zonas rurales, sino que también ha logrado penetrar en áreas urbanas y de influencia económica significativa. Córdoba, Antioquia, Valle del Cauca y Nariño figuran entre los departamentos más afectados.
La respuesta del Gobierno: ¿Gestores de paz o perpetuadores del conflicto?
La política del gobierno, encabezada por el Ministro del Interior, ha sido duramente criticada por la opinión pública, especialmente en lo que respecta al nombramiento de antiguos integrantes de estas organizaciones como gestores de paz. Este enfoque, según críticos como Velásquez, ha permitido que muchos de estos individuos continúen delinquiendo bajo el amparo de la negociación, sin que se vea un verdadero compromiso con el desarme y la disolución de las estructuras armadas.
«Nombrar bandidos como gestores de paz» no ha generado los resultados esperados. Las comunidades en los territorios más afectados han denunciado el incremento en la violencia y los actos de intimidación por parte de estos grupos, a pesar de los acuerdos preliminares de paz. Las estadísticas oficiales parecen corroborar estas denuncias, ya que la Policía Nacional ha señalado un aumento en los homicidios y los desplazamientos forzados en varias de las áreas bajo el control de estas organizaciones.
Desafíos para la paz en medio de la guerra
La actual administración enfrenta un desafío monumental: restaurar la paz en regiones donde el Estado parece haber perdido el control. Mientras tanto, los grupos armados organizados continúan extendiendo su influencia, aprovechando vacíos de poder y la falta de una política integral de seguridad.
Ante esta situación, surgen múltiples interrogantes: ¿Está el gobierno en capacidad de frenar el avance de estos grupos? ¿Es la estrategia de paz la adecuada o debería replantearse? ¿Qué papel juega la comunidad internacional en la búsqueda de soluciones más efectivas? La respuesta a estas preguntas será determinante para el futuro de miles de colombianos que hoy viven bajo la sombra de la violencia.
La situación no puede seguir prolongándose sin una intervención clara y decidida. La paz no puede construirse sobre cimientos frágiles ni bajo negociaciones que carecen de garantías reales. El gobierno, con sus recientes políticas, ha apostado por el diálogo, pero los hechos sobre el terreno indican que se requiere mucho más que palabras para lograr el desmantelamiento efectivo de estas estructuras criminales.
