La controversia sobre la libre elección de los consumidores en el mercado de aguardiente ha escalado hasta la Corte Constitucional, que ha convocado a una audiencia pública en el marco de un proceso por presunta vulneración del derecho a la libre competencia y el monopolio rentístico.
La controversia surge a raíz de dos demandas de inconstitucionalidad contra los incisos primero y segundo del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016. Esta norma permite a los departamentos ejercer el monopolio de licores, ya sea por producción directa o mediante contrato, para suspender la expedición de permisos para la introducción de aguardiente nacional o extranjero en sus jurisdicciones. La Corte ha señalado que esta situación podría contradecir el derecho a la libre competencia, establecido en el artículo 333 de la Constitución, así como el derecho a la libre elección de los consumidores, contemplado en el artículo 78.
El mercado de licores destilados en Colombia se rige por un monopolio rentístico estatal, lo que significa que una parte de los ingresos generados por esta actividad pertenece por derecho a los departamentos. Los gobernadores son los encargados de otorgar permisos temporales a las personas o entidades que deseen comercializar licores dentro de su jurisdicción.
El Conflicto entre Licoreras
El año pasado, la Industria Licorera de Caldas (ILC) inició un pleito legal al reclamar derechos de protección ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en relación con las similitudes de su producto con el de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA). Como resultado, la SIC ordenó el retiro del «Aguardiente Antioqueño Real» de color amarillo del mercado, alegando que había infringido derechos de propiedad intelectual.
En julio de este año, la defensa de la ILC, a través de Robledo Abogados, solicitó que la FLA retirara de inmediato el producto «Aguardiente Real» de color amarillo y que se prohibiera su promoción y comercialización. La defensa argumentó que ya había una sentencia en firme que obligaba a la FLA a retirar del mercado cualquier producto que se asemejara al «Aguardiente Amarillo de Manzanares», fabricado por la ILC.
Este conflicto no solo pone de relieve las tensiones en el mercado de licores en Colombia, sino que también plantea preguntas importantes sobre la regulación del monopolio y la protección de los derechos de los consumidores en un contexto de creciente competencia. La audiencia pública en la Corte Constitucional se convierte en un espacio clave para abordar estos temas y buscar una solución que beneficie tanto a los consumidores como a los productores.
