La controversia en torno al multimillonario contrato de más de 7,200 millones de pesos para las Fiestas del Mar 2024 sigue generando tensión en el Concejo Distrital de Santa Marta.
En la sesión ordinaria de hoy, se volvió a reprogramar el esperado debate de control político, que ha sido pospuesto en varias ocasiones.
Durante más de dos meses, concejales han demandado respuestas claras sobre la asignación de estos recursos. El secretario de Cultura, Darío Linero Mejía, ha sido convocado en múltiples ocasiones, pero ha solicitado más tiempo para responder a las inquietudes planteadas. Por su parte, Orlando Saavedra Zuleta, representante legal del consorcio Rumbo a los 500 años, también ha presentado excusas en dos ocasiones.
El concejal Miguel Martínez, uno de los críticos más destacados del manejo del contrato, declaró: “Es imperativo que se realice el debate de control político, para que la comunidad conozca cómo se gastaron 7,500 millones de pesos de nuestros impuestos. En lugar de invertir en salud, educación o generación de empleo, se destinaron a conciertos y eventos que sabían que podrían verse afectados por la lluvia”.
Martínez exigió un informe detallado: “Necesitamos ver el desglose de los gastos, que venga el secretario de Cultura y el contratista para que expliquen cada centavo de esos recursos”.
En respuesta, el concejal Enrique González consideró que las acusaciones de Martínez eran infundadas: “No sé si el honorable concejal Martínez está confundido, porque el concejo no ha aprobado 7,200 millones de pesos. No hay tal cosa aquí”, afirmó.
Al finalizar la sesión, el concejal Wiston Vargas también expresó su preocupación, señalando que hay un “complot sistemático para ocultar la inversión de más de 7,500 millones de pesos en las Fiestas del Mar”. Criticó la falta de transparencia y la inasistencia del secretario de Cultura, afirmando que “no se ha podido realizar el control político debido a las constantes excusas del secretario y la falta de voluntad de algunos concejales”.
El debate de control político ha sido reprogramado para el martes 22 de octubre, bajo la proposición 276. La comunidad samaria espera que esta vez se logre la claridad necesaria sobre el uso de los recursos públicos destinados a las festividades.
