La Declaración Universal De los Derechos Humanos señala que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

En ese sentido, al igual que otros bienes comunes, la información veraz, imparcial y oportuna desem- peña un papel crucial para promover un espacio democrático saludable. “Pero para que funcione como bien común se debe ejercer en unas condiciones que permitan generar noticias y análisis de gran calidad, independientes y fiables”, advierte la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), algo que evidentemente no sucede en Colombia.

Algunas cifras permiten diagnosti- car el malestar. Según la “Clasificación mundial de la libertad de prensa”, ela- borada por Reporteros Sin Fronteras (RSF), este derecho está amenazado por los mismos que deberían ser sus garantes: las autoridades públicas. De los 5 indicadores que conforman la puntuación de los países: político, económico, seguridad, legislativo y so- cial, el político es el que más desciende en 2024, con una caída de 7,6 puntos. En el informe se lee que “un nú- mero creciente de gobiernos y auto- ridades políticas fallan en su papel de garantizar un marco ejemplar para el ejercicio del periodismo y para el derecho de la ciudadanía a una infor- mación fiable, independiente y plural”. Entre 180 países, Colombia ocupó el puesto 119; sobre esto, los RFS indican que “sigue siendo uno de los países más peligrosos del continente para los periodistas. La cobertura de temas relativos al medioambiente, los conflictos armados, la corrupción o la connivencia entre políticos, empresas, grupos armados ilegales y mafias expone sistemáti- camente a los periodistas al acoso, la intimidación y la violencia”.

Desinformación y DesconfianZa

De otra parte, el Índice de Chapultepec, que mide las acciones institucionales en materia de liberta- des de expresión y de prensa en 22 países de las Américas, muestra que desde la primera edición de esta medición, publicada en 2020, el promedio global de la región descendió a su nivel más bajo: solo 47,84 puntos de 100 posibles, primera vez por debajo de los 50 puntos.

Otro factor es el balance de las redes sociales, cuyos usuarios en el país se estiman en 37 millones, que se han convertido en escenario de vulneración de la dignidad humana. Este principio constitucional se quebranta cuando las personas son sometidas a “tratos crueles, inhumanos o degradantes, de ava- sallamiento e instrumentalización, o de exterminio y exclusión”, como señala el abogado Bernardo Carvajal, egresado de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho Público de la Escuela de Derecho de la Sorbona.

Aunque la Constitución garantiza las libertades de expresión e informa- ción con limitaciones razonables, en un entorno cambiante las actuales realidades de comunicación, informa- ción, periodismo y medios no corres- ponden con los supuestos sociales que animaron la formulación de sus marcos normativos y regulatorios.

Así, para que los medios representa- ran un contrapoder crítico frente a los abusos del príncipe y de los mercaderes, se garantizó la libertad de prensa, enten- dida como la posibilidad de fundar me- dios y de actuar sin interferencias, pero, de un lado, los poderes económicos interesados en el mercado económico e ideológico se volvieron propietarios de los medios de comunicación, ne- gando así la posibilidad de contar con información independiente.

De otro lado el Estado, llamado a ser un árbitro neutral, permitió que los medios públicos se convirtieran en canales de los gobier- nos de turno y sus mayorías políticas, al tiempo que sus agentes –con la excusa de una libertad de expresión descuidada de estándares internaciona- les– han devenido en agitadores de medios y redes sociales, alejados del ideal del servidor público sobrio y prudente.

En algunos casos, trabajadores de la comunicación –aupados por sus copartidarios o estigmatizados por sus opositores– han abandonado su devoción por la libertad e independencia periodística para transmutar en activistas políticos que no permiten distinguir entre información y opinión, ni entre el periodista y el militante ideológico.

Ante tal situación, los internautas –aferrados a sus derechos de expresión e información entendidos sin límites– se han constituido en informadores de sus propias causas e intereses, relegando al periodista profesional que conoce las reglas éticas y técnicas del cuidado de la información como bien social, a las situaciones desfavorables para la libertad de expresión, ejercen los poderes legislativo y judicial, pero sobre todo el ejecutivo”.

También señala que “la libertad de expresión, in- formación y prensa se tambalea ante una sociedad cada vez más polarizada e intolerante, ejércitos de opinadores sin rostro pero con acceso a internet, mientras que los ingresos necesarios para la Sin información independiente se erosiona el derecho a la mientras las ciudadanías siguen esperando poder contar con un mínimo de higiene informativa.

Desde hace unos años estos índices internacionales vienen alertando sobre los crecientes ataques contra la prensa en este y anteriores gobiernos tanto nacional como territorial.

Los poderes económicos se volvieron propietarios de los medios de comunicación, negando la posibilidad de contar con información independiente, mientras que el Estado, llamado a ser un árbitro neutral, ha permitido que los medios públicos se conviertan en canales de los gobiernos de turno y sus mayorías políticas. Cuando las comunidades pierden sus fuentes informativas, la democracia se resiente.

En Colombia es necesario examinar reposadamente “la tragedia de los incomunicados”, no solo a partir de los síntomas o consecuencias de la crisis, sino ante todo desde sus cau- sas, para lograr acuerdos míni- mos que permitan –incluidas las redes sociales– deliberar y vivir en democracia.