Gran expectativa existe entre los usuarios del servicio de energía eléctrica en Barranquilla y el Atlántico ante el anunciado consenso para ver cómo se haría el recaudo del impuesto de la tasa de seguridad, alumbrado público y aseo. El polémico anuncio del agente interventor de Air-e de eliminar de la facturación mensual el referido cobro levantó ampollas en diferentes sectores y la lluvia de críticas no se hizo esperar, por ello la mejor salida y lo más viable es hacer un reversazo y sentarse a dialogar entre las partes, para resolver de manera salomónica esta situación que garantice el recaudo de esos impuestos.
A raíz de la determinación del no cobro del impuesto en la factura de energía surgen una serie de interrogantes, cómo se cobraría, ¿los usuarios lo pagarían de manera voluntaria?, quién se encargaría del recaudo, qué porcentaje le tocaría cancelar a los contribuyentes, en caso de no cobrarse quién asumiría la tasa de seguridad, el alumbrado público y el aseo; en fin son preguntas que aún no tienen respuestas.
Cuando se tomó la determinación de no cobrar, lo que se buscaba era depurar la facturación del servicio de energía del Atlántico, Magdalena y La Guajira, pero se generó una polémica mayúscula ya que los departamentos y distritos vieron la afectación que causaba dejar de percibir esos recaudos tanto para enfrentar la seguridad como el alumbrado público. ¿En realidad esta decisión anunciada por la mencionada entidad era oportuna o finalmente le resuelve a los usuarios las altas tarifas de la energía y una óptima y eficiente prestación de este servicio público?.
Mientras tanto, se puede catalogar como una medida meramente simbólica, porque del bolsillo de todos los usuarios seguirán saliendo los recursos para pagar estos tres componentes: alumbrado público, tasa de seguridad y aseo.
En nuestro concepto estas son decisiones que generan riesgos legales que podrían conducir a que se le instauren las correspondientes acciones judiciales a la referida empresa, que como se sabe se encuentra en un proceso de intervención, de reorganización y nuevas demandas, las que podrían complicarle la situación y llevarla no a una reorganización sino finalmente a una liquidación, tal como lo expresó el personero de Barranquilla Miguel Alzate, quien ha venido siguiendo desde meses atrás la situación que ahora se complica con la decisión de Air-e, de tomar la aptitud a la que hoy hacemos referencia, teniendo en cuenta que la decisión de suspender el cobro de alumbrado público, tasa de seguridad y aseo es ilegal, ya que se constituye en un procedimiento contrario a la Ley 142 de 1994, actualmente vigente.
Esta norma no se ha modificado, por lo que no se puede separar de la factura con la que se cobra en la actualidad, debido a que ocasionará que muchos usuarios no paguen ese servicio y se origine un problema sin precedentes en la Costa Caribe colombiana.
Adicional a eso, le solicitó al Gobierno Nacional que pague los subsidios de energía y gas que en el momento están alrededor de 2,5 billones de pesos.
En realidad no se tiene claridad respecto a cómo Air-e está analizando y soportando esta decisión frente a unos recursos que está recibiendo la empresa por ser el agente recaudador de estos tres conceptos, como se puede colegir luego de iniciada su intervención se puede afirmar que es una empresa que financieramente está deteriorada y ahora a través de esta decisión renuncia a recibir o a percibir un ingreso que venía recaudando desde que comenzó su actividad en esta zona del país. Todo lo anterior debe ser examinado con rigor, para encontrar fórmulas reales, fiables, que contribuyan a garantizar el servicio y su sostenibilidad, sin afectar a los usuarios y la seguridad. Aunado a todo esto no podríamos desaprovechar insistir en un punto conveniente que la comunidad exige y solicita a gritos y es el de evaluar el cómo lograr el balance efectivo consciente y concertado para no continuar afectando el bolsillo de los usuarios.
