“¿La Fiscalía le entregó las tierras del paramilitarismo al Clan del Golfo?, me pregunto. ¿O no la supo defender o no le interesó?”: @PetroGustavo arremetió contra el exfiscal Francisco Barbosa por el manejo de bienes para extinción de dominio. @CaracolRadio @SC_Periodista_ pic.twitter.com/CaA6i6YcF7
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 3, 2024
El presidente Gustavo Petro arremete contra el exfiscal Francisco Barbosa por no entregar tierras incautadas y acusa a la Fiscalía de favorecer a narcotraficantes.
Durante una intervención en el departamento de Magdalena, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó severas críticas contra el exfiscal general Francisco Barbosa, a quien responsabilizó de no entregar los bienes incautados al paramilitarismo que debían ser utilizados para reparar a las víctimas del conflicto. Según el mandatario, Barbosa se negó a entregar al Gobierno el listado de estos bienes, lo cual habría permitido garantizar una correcta reparación.
En su discurso, Petro denunció que Barbosa no lo reconocía como presidente y, además, indicó que las tierras confiscadas terminaron en manos del Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Colombia. “El señor Barbosa se negó a entregar los bienes, el listado de bienes que la Fiscalía tenía por función legal que recoger”, afirmó Petro con visible molestia, destacando que estos activos no se utilizaron para indemnizar a las víctimas.
El presidente explicó que estas tierras fueron entregadas por jefes paramilitares como Mancuso, Macaco y Jorge 40, quienes las habían obtenido de manera ilícita. Sin embargo, Petro aseguró que, a pesar de la entrega, hoy esos terrenos estarían controlados por miembros del Clan del Golfo. “¿Cómo es que se le entrega la justicia a la Fiscalía y de pronto hoy lo que están ahí son hombres de fusil integrantes del Clan del Golfo?”, se preguntó el mandatario.
Petro también hizo hincapié en que esta situación perjudica la paz y la justicia en el país, al afirmar que la gestión de la Fiscalía bajo Barbosa contribuyó a pasar tierras de unos narcotraficantes a otros, perpetuando el ciclo de violencia. “Así no se puede construir paz, así no se puede construir justicia, así no se puede construir una nación”, concluyó Petro, subrayando la gravedad de lo ocurrido.
Por otro lado, en una denuncia hecha a través de su cuenta de X, el presidente vinculó al Clan del Golfo con políticos que estarían utilizando a esta organización para apropiarse de tierras y rutas del paramilitarismo, una acusación que ha generado gran controversia.
Al terminar, Petro visitó el Parque Solar Fotovoltaico La Unión en Montería, donde resaltó la importancia de las energías limpias en el contexto de la transición económica de Colombia, reafirmando el compromiso del país con el desarrollo sostenible.
Las declaraciones del presidente Petro abren una serie de interrogantes sobre el rol de las instituciones judiciales en el manejo de los bienes incautados al paramilitarismo. Si las acusaciones de Petro son ciertas, ¿cómo es posible que tierras que debían estar bajo la custodia del Estado hayan terminado en manos de uno de los grupos criminales más poderosos del país? Esta situación plantea dudas sobre la eficacia de los mecanismos de control y seguimiento de estos bienes, así como sobre las relaciones entre el crimen organizado y el poder político.
Además, el señalamiento de la posible complicidad de políticos con el Clan del Golfo genera aún más preocupación. ¿Hasta qué punto estos grupos criminales están infiltrados en la estructura política del país? Y, lo más preocupante, ¿qué implicaciones tiene esto para los esfuerzos de paz y reparación en Colombia? La denuncia del presidente Petro plantea la necesidad de una revisión profunda del sistema judicial y del rol de las entidades encargadas de proteger los intereses de las víctimas del conflicto armado.
