Carlos Diago, agente interventor de Air-e, recientemente manifestó contundentes declaraciones sobre la polémica en torno al cobro de impuestos de alumbrado público, tasa de seguridad ciudadana y aseo, que ha generado un intenso debate en el Atlántico. Durante su intervención, Diago afirmó que estos cobros son «anticonstitucionales» y advirtió a la Gobernación que deben buscar otros medios de recaudo.
“Yo le estoy avisando con 30 días de anticipación para que busquen otros medios de recaudo”, aseguró Diago, quien dejó claro que no es “socio facturador del aseo, del alumbrado y de la tasa de seguridad”. El interventor enfatizó que su objetivo es mantener una “factura limpia”, sugiriendo que la situación actual no respeta los acuerdos y contratos existentes.
A pesar de que Air-e recibe un porcentaje de los cobros de estos impuestos, Diago indicó que ha decidido no continuar con su recaudación. «Les devuelvo su plata y les digo que no voy a seguir cobrando eso», afirmó, y agregó que el no cobro de estos impuestos debe ser respaldado por una resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para que «esa actuación quede vigente de por vida».
La controversia estalló el miércoles, generando reacciones mixtas entre la población. Muchos ciudadanos apoyaron la decisión de no cobrar estos impuestos, y el Superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, también respaldó la medida. Sin embargo, el Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) rechazaron la iniciativa.
Diago también se dirigió al abogado Jaime Lombana, representante legal de los empresarios que manejaban Air-e, desafiándolo a presentar argumentos en defensa de su postura. «Que el señor Lombana venga aquí a callarme la boca, que me diga con argumentos por qué está defendiendo a un bandido como Alberto Ríos», manifestó, señalando la falta de claridad en la gestión de la empresa.
Esta situación continúa generando incertidumbre sobre el futuro de la recaudación de impuestos y la operación de Air-e, mientras la Gobernación y otras entidades buscan aclarar los términos de estos cobros. La comunidad permanece atenta a las decisiones que se tomen en este contexto, esperando que se resuelva la controversia de manera justa y transparente.
