Este miércoles, el Ministerio Público de Bolivia ha ordenado la aprehensión del expresidente Evo Morales, acusado de los delitos de estupro y trata y tráfico de personas.
Esta decisión implica que las autoridades deben llevarlo a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para su debido procesamiento.
La Fiscalía argumenta que la medida es necesaria debido a indicios de riesgo de fuga y la posibilidad de que el exmandatario obstaculice el desarrollo de la investigación.
Según el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, estas condiciones justifican la emisión de la orden. Además, el artículo 15 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece la obligación de actuar con celeridad para proteger a la víctima.
El fiscal encargado del caso ha subrayado que la protección de la víctima es la máxima prioridad y que, por lo tanto, es esencial garantizar la comparecencia de Morales ante las instancias judiciales correspondientes.
La situación se presenta en un momento de tensión política en el país, donde Morales ha sido una figura central en el oficialismo y el debate sobre su futuro político sigue abierto.
Las autoridades seguirán actuando conforme a los procedimientos legales establecidos para asegurar que se respeten los derechos de todas las partes involucradas en este caso.
