El programa del presidente Gustavo Petro busca brindar apoyo económico a jóvenes en riesgo de ser reclutados por bandas armadas, promoviendo el estudio y el emprendimiento como alternativas a la violencia en comunidades afectadas por el conflicto.
En el corazón de Buenaventura, un puerto colombiano marcado por la violencia y la criminalidad, surge una iniciativa que busca cambiar el rumbo de vida de jóvenes como Franklin Mina. Este joven de 27 años, en lugar de convertirse en un pandillero como dictan las leyes criminales del barrio en el que creció, se ha enfocado en su educación y su pequeño negocio, gracias a un subsidio del programa ‘Jóvenes en Paz’ del gobierno de Gustavo Petro. Este subsidio, que asciende a aproximadamente 250 dólares mensuales, está diseñado para hombres y mujeres de entre 14 y 28 años que están en riesgo de enrolarse en grupos armados ilegales.
Mina, que creció rodeado de violencia y disparos, ha sido testigo de cómo sus amigos y familiares han optado por el camino del crimen, ligado al narcotráfico y la extorsión. Sin embargo, él ha decidido cambiar su destino. «Yo desde muy niño conozco lo que es una pistola, lo que es una bala (…) eso deja unas secuelas, eso no solamente afecta el ser del joven, sino también su pensamiento», comparte Mina en una entrevista con la AFP. Su decisión de estudiar y abrir un negocio ha sido impulsada por este subsidio, que busca motivar a los jóvenes a optar por el estudio y el trabajo, en lugar de la violencia.
El programa, que ya beneficia a casi 3.000 jóvenes en diversas ciudades como Bogotá y Medellín, se implementa en localidades donde la presencia de grupos armados es notable. En Buenaventura, donde la pobreza alcanza al 40% y el desempleo supera el 25%, el subsidio se presenta como una luz de esperanza. Además, la iniciativa busca mitigar los efectos de la violencia estructural que ha afectado a Colombia durante décadas, a través de políticas que priorizan el diálogo y la educación sobre la militarización.
«Serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar, por no participar en la violencia, por estudiar. Les vamos a dar una ayuda», anunció el presidente Petro en 2023. Este mensaje ha resonado en comunidades como Puerto Tejada y Guachené en el departamento del Cauca, donde los jóvenes enfrentan el mismo riesgo de ser reclutados por grupos disidentes de la extinta guerrilla de las FARC.
La oposición ha criticado fuertemente esta iniciativa, argumentando que el programa está financiando de manera indirecta a miembros de grupos armados y denunciando posibles actos de corrupción en la selección de beneficiarios. Sin embargo, el gobierno defiende el programa y asegura que los beneficiarios son jóvenes en extrema pobreza, que no tienen antecedentes penales y que residen en áreas donde la violencia es predominante.
Las condiciones para acceder al subsidio son claras: los jóvenes deben estar en condiciones de vulnerabilidad, vivir en zonas de influencia de bandas criminales y no tener órdenes de captura. A través de esta iniciativa, se espera que los beneficiarios, como Cristina Martínez, quien ha enfrentado la discriminación por su identidad de género, puedan encontrar nuevas oportunidades. Cristina, una joven trans, relata que muchas de sus compañeras han sido forzadas a reclutarse en bandas criminales, pero el subsidio le ha permitido mejorar su situación. «Antes me tocaba estar moviéndome de un lugar a otro para conseguir unos dos, tres pesos (…) ahorita con este programa no tengo más esa necesidad», asegura.
El subsidio se otorga por un período de 18 meses, aunque puede ser recortado si los beneficiarios no cumplen con los compromisos establecidos. Mientras tanto, las autoridades buscan promover la educación y el emprendimiento a través de cursos en salud mental, medio ambiente y habilidades empresariales.
Las conversaciones con grupos criminales como Los Shottas y Los Espartanos son parte del proceso de paz que el gobierno de Petro está impulsando. Estos grupos se han comprometido a cesar ciertas actividades delictivas, como la extorsión en mercados locales. Las mujeres que participan en el programa, como Patricia Riascos, están utilizando el subsidio para estudiar hotelería y ayudar a sus familias. “Las personas que estamos acá no somos bandidos, estamos en el riesgo de convertirnos en bandidos, (…) pero somos personas que queremos cambiar nuestra vida”, dice Riascos, reflejando el anhelo de una generación que busca romper el ciclo de violencia.
