Germán Vargas Lleras, exvicepresidente y actual Secretario Ejecutivo de la Fundación Carlos Lleras Restrepo, analiza el papel clave de la Procuraduría en la consolidación del poder del gobierno de Gustavo Petro. Vargas Lléras insiste en la necesidad de eliminar este ente de control, que considera ineficaz en la lucha contra la corrupción y en su independencia frente al poder político.
En su más reciente columna de opinión, Germán Vargas Lléras reitera una postura que ha defendido desde hace tiempo: la Procuraduría General de la Nación debe ser eliminada. Según el exvicepresidente, este órgano de control no solo resulta ineficaz en sus funciones, sino que su permanencia representa un gasto público innecesario. Vargas Lléras señala que, pese a que la Procuraduría emite conceptos en procesos penales, estos no son vinculantes para los jueces, lo que evidencia la poca relevancia de sus acciones en la lucha contra la corrupción.
Para respaldar su postura, Vargas Lléras expone cifras contundentes. De las 57.485 denuncias recibidas por la Procuraduría en 2023, 15.340 fueron archivadas y 12.000 terminaron en fallos inhibitorios. Las decisiones del organismo, sostiene, suelen coincidir con los fallos penales ya conocidos, y rara vez tienen impacto relevante. «La casi totalidad de las investigaciones en la Procuraduría prescriben, se archivan o se resuelven con fallos inhibitorios», escribe Vargas Lléras, criticando la ineficiencia del ente.
Además, denuncia que la burocracia de la Procuraduría es excesiva y costosa. Para 2024, el presupuesto asignado a la entidad asciende a 1,4 billones de pesos, con una planta de 4.223 empleados, cuyos salarios considera desproporcionados. Como ejemplo, menciona que un procurador judicial percibe un salario superior a los 41 millones de pesos. Vargas Lléras concluye que sería más útil trasladar las funciones de la Procuraduría a la jurisdicción contenciosa.
En cuanto al proceso de elección del nuevo procurador, Vargas Lléras asegura que no ha intervenido ni ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ni ante el Consejo de Estado para promover ninguna candidatura, como la de Luis Felipe Henao o Germán Varón, pese a que ha mantenido relaciones profesionales y personales con ambos. «No sería coherente de mi parte entrar a promover ninguna candidatura para la cabeza de esta entidad», afirma.
El análisis de Vargas Lléras no se limita al papel de la Procuraduría, sino que se extiende a la influencia del gobierno de Gustavo Petro en la Corte Constitucional. Según el exvicepresidente, actualmente tres magistrados —Juan Carlos Cortés, Vladimir Fernández y Natalia Ángel— ya apoyan las decisiones del gobierno. En mayo de 2024, la salida de la magistrada Cristina Pardo abrirá la posibilidad de que Petro nombre un cuarto magistrado, consolidando su influencia en la Corte. «Si Petro y este Gobierno asumen el control de la Corte, todo estará perdido», advierte Vargas Lléras, aludiendo a la posibilidad de que el presidente utilice su mayoría en el alto tribunal para implementar una constituyente al estilo del mandatario venezolano Nicolás Maduro, o para promulgar decretos que faciliten su permanencia en el poder.
El exvicepresidente también expresa preocupación sobre el posible papel que jugaría el secretario del Senado, Gregorio Eljach, en este proceso, especialmente si se le deben favores políticos al presidente y a otros actores como Juan Fernando Cristo. En su columna, Vargas Lléras plantea interrogantes sobre los compromisos que podría haber asumido Eljach con el gobierno, particularmente en relación con la conformación de las ternas para elegir magistrados de la Corte Constitucional. ¿Se acordaron alianzas políticas o apoyo en la aprobación de proyectos legislativos?
Vargas Lléras cierra su columna advirtiendo que aquellos que creen que este es un enfrentamiento personal entre él y el gobierno están equivocados. «Esta elección es un peldaño más en la consolidación de Petro en el poder», sentencia. La elección del procurador, en su opinión, es solo una parte de un plan más amplio cuyo objetivo final es fortalecer el control del gobierno en las instituciones clave del país.
