Ana María Noya García, hija del diputado Rafael Noya, enfrenta una denuncia penal ante la Dirección Seccional de Fiscalías del Magdalena por su presunta participación en delitos de falsificación y uso de documentos públicos falsos, así como fraude procesal.
Ana María Noya García ha sido denunciada penalmente por Hernando Zabaleta Echeverry, abogado y denunciante, quien presentó el caso ante la Fiscalía General de la Nación en la Seccional de Magdalena. La denuncia alega que la hija del diputado Rafael Noya habría incurrido en tres graves delitos: falsedad material en documento público, uso de documento público falso y fraude procesal.
Los hechos se remontan al 12 de agosto de 2024, cuando un comunicado de la Alcaldía Distrital de Santa Marta anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra ocho funcionarios de la Secretaría de Educación. Según se informó, estos funcionarios habrían falsificado certificados de tradición y libertad de inmuebles con el fin de obtener retiros parciales de cesantías de manera fraudulenta. En este contexto, la conducta de Ana María Noya García está directamente implicada, ya que se le acusa de haber utilizado documentos públicos falsificados para conseguir este beneficio.
Zabaleta, en su denuncia, expone que Noya García cometió falsedad material en documento público al presentar los certificados adulterados. Además, sostiene que incurrió en uso de documento público falso, ya que los documentos que presentó ante la Secretaría de Educación eran falsificados y le permitieron retirar dinero de manera irregular. El abogado también acusa a la denunciada de fraude procesal, al haber inducido en error a los funcionarios públicos, quienes, basados en estos documentos falsos, aprobaron los retiros parciales de cesantías a su favor.
Un aspecto que complica la situación es la existencia de un caso de homonimia en Santa Marta, ya que hay dos personas que comparten el nombre de Ana María Noya García. Sin embargo, la denuncia deja claro que la investigada es la hija del diputado Rafael Noya, identificada con cédula 1082890644, y no su hermana.
En la denuncia, se solicita a la Fiscalía que investigue a fondo estos hechos, además de requerir la colaboración de la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía de Santa Marta, para que remita las pruebas recabadas en la investigación disciplinaria.
La normativa colombiana es clara en cuanto a los delitos que se le imputan. El artículo 287 del Código Penal tipifica la falsedad material en documento público, delito que acarrea penas de entre 48 y 108 meses de prisión, extendiéndose de 64 a 144 meses cuando el infractor es un servidor público. En cuanto al uso de documentos falsos, el artículo 291 establece que aquellos que empleen documentos públicos falsificados, incluso si no participaron en la falsificación, pueden enfrentar penas de prisión de entre dos y ocho años. El fraude procesal, tipificado en el artículo 453, castiga a quienes induzcan a error a un servidor público para obtener un acto administrativo contrario a la ley, con penas de entre seis y doce años de prisión.
La denuncia de Zabaleta también hace referencia a sentencias de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, que destacan la autonomía del delito de fraude procesal. De acuerdo con la jurisprudencia, el fraude se consuma con la inducción al error de un servidor público, sin necesidad de que se dicte una sentencia ilegal, lo que encaja con la actuación de Noya García al presentar documentos falsos que resultaron en un beneficio económico para ella.
Este caso ha causado revuelo en el departamento de Magdalena, ya que Ana María Noya García, al ser hija de un diputado, es una figura pública. La denuncia y las investigaciones en curso generan expectativas sobre las consecuencias legales y disciplinarias que pueda enfrentar, tanto en el ámbito penal como en el administrativo, por los delitos imputados.
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