La fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, ha denunciado haber sido destituida bajo presiones del Ministerio Público para frenar una orden de captura contra el expresidente Evo Morales.
Esta medida forma parte de una investigación por presunta trata y tráfico de personas, que involucra a Morales, quien fue presidente de Bolivia entre 2006 y 2019.
Gutiérrez afirmó que recibió instrucciones directas del fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, para desmantelar la comisión que investigaba el caso, alegando que la Fiscalía Especializada en Delitos de Género y Juveniles se encargaría de los procedimientos.
La exfiscal señaló que su negativa a acatar estas órdenes llevó a amenazas de acciones penales y disciplinarias en su contra.
La fiscal reveló que existía una orden de aprehensión contra Morales y otros implicados, que fue anulada de manera repentina. En su declaración, Gutiérrez cuestionó la falta de transparencia en el proceso y expresó su preocupación por la confianza que la ciudadanía puede tener en el sistema judicial, especialmente para las víctimas de delitos.
Además, Gutiérrez planteó la posibilidad de presentar una denuncia internacional, ya que considera que la trata de personas es un delito de lesa humanidad.
Esta situación se produce en medio de una creciente división dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido en el poder, entre los seguidores de Morales y los afines al actual presidente Luis Arce, quienes compiten por el control político y la candidatura presidencial para las elecciones de 2025.
