El expresidente Álvaro Uribe se retiró de la audiencia preparatoria de su juicio, en el que enfrenta cargos por fraude procesal y soborno de testigos, alegando que no se le brindaron las garantías adecuadas. La decisión se tomó el 2 de octubre, durante una sesión presidida por la jueza Sandra Heredia.
Uribe, acompañado por su abogado Jaime Granados, había solicitado un aplazamiento de una semana para permitir el análisis de los datos contenidos en el computador y celular de Juan Guillermo Monsalve, un paramilitar que se ha convertido en una pieza clave en el caso. Sin embargo, la jueza rechazó la petición, argumentando que el material probatorio ya había sido entregado a la defensa el pasado 12 de septiembre, y que permitir más demoras podría perjudicar el avance del proceso.
El expresidente expresó su preocupación por no poder acceder a pruebas esenciales para su defensa. «Esto es alarmante, ya que se están vulnerando mis derechos fundamentales. Necesito verificar discrepancias graves en las pruebas que la Fiscalía tiene, y me siento obligado a retirarme», afirmó Uribe.
Al ser cuestionado por la jueza sobre su declaración de culpabilidad o inocencia, Uribe respondió que consideraría presentar un recurso de queja, alegando que el daño causado por la situación era irreparable.
Tras su salida de la audiencia, la jueza interpretó su decisión como una declaración de inocencia, lo que añade un nuevo giro a este caso que ha captado la atención nacional. La controversia sobre el acceso a pruebas y la protección de derechos en el marco del proceso judicial continúa generando debate entre expertos y analistas del ámbito legal.
