Como debe saberse, la salud es quizás uno de los derechos fundamentales más vulnerados en Colombia, hasta el punto que es la segunda razón por la que se presentan acciones de tutela y la principal causa de quejas en las entidades prestadoras de tan importante servicio, lo cual nos debe conllevar a una reflexión sobre la necesidad de que se ajusten algunos asuntos atinentes a nuestro sistema de salud, ajuste que deberá ser el resultado de un gran pacto que involucre a todos los sectores que este comprende.
En medio de las grandes expectativas existentes entre los colombianos respecto al futuro de las reformas propuestas por el actual Gobierno presidido por Gustavo Petro Urrego, entre las cuales se encuentran la del sistema de salud, no sorprende un reciente anuncio emitido por la Defensoría del Pueblo.
El panorama de la salud en gran parte del territorio de Colombia ha sido nuevamente motivo de preocupación, según el más reciente informe emitido por la referida entidad.
De acuerdo con la información, en el año 2023 y lo que va corrido de 2024 se han instaurado miles de tutelas por la vulneración al derecho a la salud.
Durante el año pasado y lo transcurrido del presente se ha radicado una espeluznante cifra marcando un incremento del 26,44% con relación a 2023, cuando fueron interpuestas 126.413 en todo el país.
El mayor número de tutelas se sigue concentrando en los departamentos de Antioquia, seguido de Valle del Cauca, Bogotá, Norte de Santander y Santander.
No obstante, el estudio dio cuenta que Arauca, Caldas, Norte de Santander, Risaralda, San Andrés, tuvieron los indicadores más elevados, aunque en otros departamentos como Atlántico, Bolívar, Magdalena, donde igualmente muchos usuarios aún continúan acudiendo al mecanismo jurídico de la tutela para que se les reconozca su derecho.
El anuncio emitido por la referida entidad, dando a conocer que diariamente en Colombia se instauran miles de tutelas, para reclamar sus derechos a salud, no es motivo de extrañeza por parte de los colombianos.
Los ciudadanos que acuden a este mecanismo jurídico es porque consideran que su derecho a la salud les ha sido vulnerado, por lo que resulta evidente la necesidad de avanzar en la garantía de este derecho, consagrado en nuestra Carta Magna entre los fundamentales.
Tal como lo hemos recalcado en este mismo espacio editorial, la –posible–comercialización del sector de la salud a partir de las reformas impuestas por la Ley 100 de 1993, condujo a la prestación de un servicio regido especialmente por intereses económicos, lo que sin duda abrió nuevos boquetes al déficit y contribuyó a que las fallas –que deben ser reformadas– se entronizarán con efectos negativos para toda la población; lo esencial ahora es que se afronte con más “cabeza fría” lo que está pasando al interior del sector de la salud.
No hay que desconocer que algunas Instituciones Prestadoras de Salud como las conocidas E.P.S e I.P.S., se distinguen por sus excelentes servicios, en parte porque no se remiten a trámites absurdos para enredar a los pacientes.
Hoy hacemos eco de las innumerables quejas de los usuarios y un llamado al Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia de Salud para que ejerzan mayor control en algunas de estas entidades, ya que en verdad hay algunos aspectos que deben ser revisados urgentemente en algunas EPS.
