Por: Dana Meri De La Cruz Polo
La Tribuna Pedagógica del doctor y docente Mora Mora, R. (2024, 9 de sep.: La Libertad) ofrece una crítica profunda y detallada del sistema educativo colombiano, especialmente en relación con el ingreso a la educación superior y el impacto de las pruebas estatales como el Icfes, A continuación, se realizará un comentario sobre los puntos principales y las implicaciones de las ideas presentadas, entre los aspectos principales abordar encontramos la crisis del sistema educativo y el papel de las pruebas estatales,
y se refiere a la «meritocracia» impuesta a través de las pruebas estandarizadas. Según el autor, estas pruebas no son un mecanismo que promueva la igualdad, sino que refuerzan y perpetúan la desigualdad social. Al medir a los estudiantes bajo los mismos estándares, sin considerar las diferencias estructurales y contextuales de sus entornos, se crean barreras de acceso para aquellos provenientes de zonas más desfavorecidas, como el Chocó, en comparación con las grandes ciudades como Bogotá. Esto, en lugar de ser una herramienta para nivelar oportunidades, se convierte en un mecanismo de exclusión.
La crítica hacia este modelo se apoya en la idea de que las pruebas estandarizadas simplifican la complejidad del aprendizaje y el acceso al conocimiento, reduciendo la evaluación del proceso educativo a un conjunto de números que no reflejan las condiciones reales de los estudiantes. Los llamados «ganadores» en estas pruebas no lo son por su talento intrínseco o esfuerzo, sino por provenir de contextos más favorecidos, mientras que los «perdedores» son culpabilizados por no alcanzar los resultados esperados, lo que genera un juicio moral que desresponsabiliza al sistema educativo de sus fallos.
El autor también plantea una cuestión central: la desconexión entre la Escuela y las problemáticas sociales. En este sentido, la educación ha permanecido, en gran medida, ajena a las realidades y demandas de los contextos locales. La estandarización de los procesos formativos, impuesta por instituciones como el MEN y el Icfes, ha contribuido a mantener esta distancia. En lugar de ser un espacio donde se reconozcan y enfrenten las desigualdades estructurales, la Escuela ha sido un reflejo de las mismas, perpetuando un sistema excluyente que responde a intereses económicos y políticos.
El texto sugiere, que esta desconexión debe revertirse. El contexto, es decir, las necesidades y problemas específicos de cada comunidad, debe ingresar a la Escuela. Esto implica un cambio radical en la concepción de la educación, donde el currículo deje de ser un agregado de temas impuestos de manera homogénea para todos los estudiantes y, en su lugar, se construya a partir de las realidades y demandas locales.
En este sentido se aboga por una Política Pública Educativa (PPE) que tenga como eje central la igualdad educativa y el acceso a la educación superior sin las barreras impuestas por las pruebas estatales. Esta PPE debe considerar la educación como un derecho fundamental y, por tanto, como un medio para combatir la desigualdad social. La propuesta de redistribuir los recursos destinados a la subvención de la gasolina o el pago de la deuda externa para construir complejos educativos en todo el territorio nacional es audaz, pero necesaria si se desea hacer de la educación un verdadero motor de inclusión social.
La política educativa actual, centrada en la estandarización y en la búsqueda de índices de calidad a través de pruebas estandarizadas, no aborda las causas estructurales de la desigualdad. En lugar de esto, perpetúa un sistema que favorece a quienes ya tienen una ventaja estructural. Por ello, el autor hace un llamado a modificar las reglas del juego, proponiendo que la educación sea el principal instrumento para alcanzar la justicia social.
En este sentido, una de las estrategias más claras que propone el texto es la inversión en infraestructura educativa que permita llevar las universidades públicas a todos los rincones del país, especialmente a aquellos territorios históricamente olvidados. Esta infraestructura no solo debe incluir edificios y espacios físicos, sino también bibliotecas inteligentes y recursos tecnológicos que faciliten el acceso al conocimiento de manera equitativa.
Por otro lado, se sugiere la necesidad de jornadas adicionales en las escuelas públicas, lo que refleja la importancia de extender el tiempo y los recursos dedicados al aprendizaje para que todos los estudiantes, independientemente de su contexto, tengan las mismas oportunidades de acceder al conocimiento.
Finalmente, se destaca un papel que deben desempeñar los actores sociales en la transformación del sistema educativo. No solo los educadores, sino también los estudiantes, los padres de familia y la sociedad en general deben participar activamente en el diseño de una nueva política educativa. La educación no es un asunto exclusivo del Estado, sino una responsabilidad compartida que debe ser abordada desde una perspectiva colectiva y participativa.
En conclusión, el autor genera una crítica profunda al sistema educativo colombiano, especialmente en relación con el acceso a la educación superior y el impacto de las pruebas estatales. La idea central es que la educación debe ser el principal mecanismo para combatir la desigualdad social, y esto no se logrará a través de la estandarización y la meritocracia impuesta por las pruebas. En su lugar, es necesario construir un sistema educativo que responda a las necesidades y realidades locales, y que permita el acceso equitativo a la educación superior como un derecho fundamental. La transformación del sistema educativo requiere un cambio estructural en las políticas públicas, con un enfoque en la igualdad y la justicia social. Este ejercicio hace parte de los Talleres de Lectura y Escritura en Procesos Curriculares en la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico (II-2024).
