El presidente Gustavo Petro, ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación que inicie una investigación exhaustiva sobre el concejal David Jorge Márquez, del municipio de Buenavista, en el departamento de Córdoba.
La petición surgió tras una denuncia del Director Nacional de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Harman Felipe, quien advirtió sobre la aparente posesión irregular de tierras previamente controladas por el exjefe paramilitar conocido como alias «Macaco».
Márquez, miembro del Partido de la U, estaría usufructuando 5.000 hectáreas de tierra que habían sido devueltas al Estado en el marco de los procesos de restitución de bienes incautados a grupos armados ilegales.
Según la denuncia, el concejal habría explotado económicamente estas tierras sin contar con un contrato formal de arrendamiento con el Fondo de Reparación, lo que ha despertado serias sospechas sobre la legalidad de sus acciones.
El mandatario colombiano también ha instruido a la Policía Nacional a que indague sobre los vínculos del concejal con estas tierras. Petro ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que un funcionario público esté involucrado en la explotación de bienes que, en su origen, pertenecieron a estructuras paramilitares, una situación que pone en duda la transparencia del proceso de restitución de tierras.
La investigación busca esclarecer cómo Márquez accedió a estas propiedades y si hubo irregularidades en el proceso que le permitieron beneficiarse de tierras que, según las autoridades, debían ser destinadas a otros fines, principalmente la reparación de las víctimas del conflicto.
En paralelo, el director de la ANT, Harman Felipe, ha anunciado que las tierras en cuestión serán adquiridas por el Estado y posteriormente distribuidas entre campesinos como parte de la Reforma Agraria promovida por el gobierno de Petro. Esta política busca corregir la histórica concentración de tierras en pocas manos y mejorar la distribución de la propiedad rural en Colombia.
La noticia ha generado un debate a nivel nacional sobre la transparencia en el manejo de los bienes restituidos y el control sobre el uso de tierras ligadas a exparamilitares, en un contexto en el que la lucha por la justicia social y la reparación de las víctimas sigue siendo un tema central en el país.
