El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha presentado una ambiciosa reforma que busca transformar de manera radical el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el fin de eliminar su actual composición de origen político y fortalecer su independencia.
El proyecto, que será radicado esta semana en el Congreso por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, propone modificar tanto la estructura interna del tribunal como los mecanismos para la elección de sus magistrados.
El cambio más importante dentro de la reforma es la propuesta de extender el periodo de los magistrados del CNE de cuatro a seis años. Esto pretende evitar la sincronización de los mandatos de los magistrados con los ciclos del Congreso y la Presidencia, los cuales actualmente coinciden, lo que ha sido objeto de críticas por la influencia partidista que ejerce sobre el tribunal.
Otro aspecto clave es que, de ser aprobada la reforma, los magistrados del CNE ya no serán seleccionados por el Congreso, sino por la rama judicial. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán los encargados de elegir a los nueve magistrados mediante una convocatoria pública y un concurso de méritos, alejando así la designación de las manos de los partidos políticos, que hasta ahora han tenido un papel decisivo en su elección.
Requisitos y nuevas restricciones
El proyecto también establece requisitos más estrictos para los aspirantes al CNE. Deberán ser abogados con al menos 15 años de experiencia, y se dará preferencia a aquellos que cuenten con conocimientos en derecho electoral. Asimismo, se impondrá una inhabilidad para quienes hayan sido candidatos o hayan ocupado cargos de elección popular en los últimos siete años. Esta medida también afectará a los directivos de partidos políticos.
Adicionalmente, se impondrá una incompatibilidad de dos años posterior al ejercicio de la magistratura. Durante ese periodo, los exmagistrados del CNE no podrán ocupar cargos de dirigencia partidista, ni ser nombrados ministros, directores de departamentos administrativos, o postularse a cargos de elección popular.
Nuevas funciones del CNE
La reforma no solo busca cambios en la composición del CNE, sino también en sus funciones. El tribunal electoral tendrá la responsabilidad de revisar las actuaciones de la Registraduría Nacional en los procesos electorales, supervisar el censo electoral, llevar a cabo la inscripción de candidaturas, y fijar los límites de gasto en las campañas. También se le asignará la dirección del escrutinio y la colaboración con entidades que investiguen el financiamiento de las campañas políticas.
Asimismo, el proyecto contempla que el CNE tendrá la tarea de apoyar las consultas internas de los partidos políticos y regular su participación en los medios de comunicación estatales, con el fin de garantizar una mayor transparencia en los procesos democráticos.
Esta propuesta llega en medio de la controversia generada por la posible investigación del CNE a la campaña de Gustavo Petro en 2022, lo que ha intensificado el debate sobre la independencia del tribunal electoral. El Gobierno sostiene que esta reforma busca precisamente asegurar la imparcialidad y la transparencia en los futuros procesos electorales de Colombia, eliminando cualquier sospecha de injerencia política.
El proyecto será presentado formalmente ante el Congreso el martes, y se espera que abra un intenso debate en torno al futuro del sistema electoral del país.
