La decisión judicial confirma las condenas por sobornos a tres altos exfuncionarios del gobierno de Uribe, quienes ofrecieron prebendas a congresistas para garantizar la reelección presidencial en 2004.
La Corte Suprema de Justicia reafirmó las condenas impuestas a tres exfuncionarios clave del primer mandato de Álvaro Uribe Vélez, quienes fueron encontrados culpables de ofrecer sobornos a congresistas con el fin de asegurar la reelección presidencial en 2004. Este emblemático caso, conocido como la ‘Yidispolítica’, involucró a los exministros Sabas Pretelt de la Vega (Interior) y Diego Palacio Betancourt (Protección Social), junto con el exsecretario general de la Presidencia, Alberto Velásquez Echeverri. Los tres fueron responsables de incurrir en actos de cohecho, ofreciendo prebendas para modificar el voto de los entonces congresistas Yidis Medina Padilla y Teodolindo Avendaño.
El escándalo estalló en 2008 cuando la excongresista Yidis Medina confesó públicamente que había recibido prebendas burocráticas a cambio de apoyar el proyecto de reelección presidencial en el Congreso, un voto que resultó decisivo para que la reforma avanzara. La Corte había emitido la condena inicial en 2015, pero el caso regresó al tribunal supremo tras una tutela que permitió una segunda instancia para aforados, una medida concedida luego de la solicitud del exministro Andrés Felipe Arias, quien también buscaba una revisión judicial de su caso.
La Corte Suprema, en su reciente fallo, consideró que los tres exfuncionarios desempeñaron un papel crucial al coordinar los ofrecimientos ilegales a los dos congresistas. Según el tribunal, los acusados actuaron en conjunto, de forma orquestada, y cada uno contribuyó significativamente al éxito del plan para garantizar la aprobación de la reforma que permitió la reelección presidencial de Uribe en 2006. La sentencia destaca que «sin la acción u omisión de estos congresistas, el proyecto de reelección no habría prosperado».
El tribunal también señaló que los exministros y el exsecretario general «tuvieron el dominio del hecho», ya que contaban con los medios para persuadir a los congresistas Medina y Avendaño de modificar sus votos a cambio de los beneficios ofrecidos. Este control sobre los parlamentarios fue fundamental para que el proyecto de reelección siguiera su curso, consolidando uno de los mayores escándalos de corrupción política en la historia reciente de Colombia.
Penas ratificadas
El fallo judicial mantiene las condenas impuestas en 2015: Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancourt deberán cumplir penas de seis años y medio de prisión, además de pagar una multa equivalente a 167 salarios mínimos y enfrentan una inhabilitación de nueve años para ocupar cargos públicos. Por su parte, Alberto Velásquez Echeverri fue condenado a cinco años de prisión, junto con una multa de 83 salarios mínimos y una inhabilitación de siete años.
Con esta sentencia, la Corte reafirma las responsabilidades penales de los exfuncionarios por su participación en la Yidispolítica, un caso que marcó un antes y un después en la política colombiana al poner en evidencia las graves irregularidades cometidas en el proceso de aprobación de la reelección presidencial. A pesar de los recursos interpuestos por los condenados, el tribunal sostuvo su tesis de que las pruebas y testimonios presentados, particularmente los de Yidis Medina, fueron determinantes para probar la culpabilidad de los acusados.
Un precedente en la política colombiana
Este fallo representa un hito en la historia judicial de Colombia, al subrayar que los actos de corrupción a nivel político no quedarán impunes, sin importar el rango de los implicados. La ratificación de las condenas también refuerza la importancia de la transparencia en los procesos legislativos, dejando claro que los sobornos y el abuso de poder no tienen cabida en la democracia colombiana.
La decisión de la Sala Penal cierra un largo capítulo en uno de los casos más significativos de la corrupción política del país, reafirmando las consecuencias legales para quienes intentan manipular el curso de las decisiones parlamentarias a favor de intereses particulares. La historia de la ‘Yidispolítica’ deja una lección sobre la necesidad de reforzar los controles y sancionar de manera ejemplar a quienes desvirtúan el sentido de la función pública.
