El Consejo de Estado evaluará nuevamente una acción judicial contra el mandatario colombiano por sus polémicas declaraciones que afectan los derechos fundamentales de las comunicadoras.
El Consejo de Estado admitió una segunda acción de tutela en contra del presidente Gustavo Petro, tras sus controvertidas declaraciones sobre periodistas colombianas, a quienes se refirió como «muñecas de la mafia». Este caso, impulsado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y apoyado por la asociación El Veinte junto a un grupo de mujeres periodistas, busca proteger los derechos de las comunicadoras ante lo que han señalado como estigmatizaciones recurrentes por parte del jefe de Estado.
El origen de esta nueva tutela se remonta al pasado 30 de agosto, cuando, durante la posesión de la defensora del Pueblo, Iris Marín, el presidente Petro emitió declaraciones que generaron gran controversia. En esa oportunidad, el mandatario señaló: «Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta». Estas palabras han sido interpretadas como una agresión directa contra las periodistas que, según Petro, han favorecido una narrativa contra los derechos de protesta social en Colombia.
Fundamentos de la tutela admitida
El grupo de periodistas que respalda la tutela busca que el presidente Petro ofrezca disculpas públicas por sus afirmaciones. A través de la acción judicial, se exige que el mandatario asuma la responsabilidad por las expresiones que consideran denigrantes. La FLIP y las periodistas involucradas consideran que Petro ha vulnerado tres derechos fundamentales: el derecho a la libertad de expresión, el derecho a vivir una vida libre de violencia y el derecho a la igualdad y no discriminación.
En este sentido, la organización de prensa recordó que la libertad de expresión es un derecho que debe ser respetado, especialmente por funcionarios públicos, quienes tienen el deber de actuar con «cuidado» hacia quienes ejercen el periodismo, y más aún cuando se trata de mujeres periodistas, un colectivo históricamente vulnerable a ataques de género en el ejercicio de su labor.
Segunda tutela en contra del presidente
Esta acción no es aislada. Es la segunda vez que se interpone una tutela por este motivo contra el presidente Gustavo Petro. Un mes antes, el abogado Germán Calderón España había presentado una tutela similar, también con el objetivo de que el mandatario se retracte y ofrezca disculpas a las comunicadoras sociales por las declaraciones. Calderón argumentó que las palabras del presidente representan un atentado contra la dignidad y el trabajo de las periodistas, al asociarlas con actividades delictivas y mafiosas sin fundamento alguno.
La admisión de estas tutelas por parte de los altos tribunales del país representa un paso importante para las periodistas que buscan la reivindicación de sus derechos y una reparación moral frente a lo que consideran una estigmatización por parte del presidente de la República. Además, es un mensaje claro sobre los límites que deben tener los discursos de los funcionarios públicos en el marco del respeto a los derechos fundamentales.
Impacto en la libertad de prensa
La FLIP ha sido enfática en que el papel de los periodistas, especialmente en contextos tan complejos como el colombiano, debe ser protegido y no atacado desde el poder. Las palabras del presidente no solo generaron un impacto negativo sobre las periodistas aludidas, sino que, según la organización, también sientan un precedente peligroso en cuanto a la relación entre el poder y la prensa. En un país que ha vivido episodios de violencia sistemática contra comunicadores, este tipo de declaraciones pueden, según la FLIP, fomentar un ambiente de riesgo para quienes informan al país.
En conclusión, esta segunda acción de tutela admitida contra el presidente Gustavo Petro subraya la importancia de que los funcionarios públicos respeten la labor de los periodistas y ejerzan su derecho a la libertad de expresión sin recurrir a descalificaciones que puedan atentar contra los derechos fundamentales de las personas. La tutela ahora seguirá su curso legal y se espera que el Consejo de Estado decida si obliga al presidente a retractarse públicamente.
